Acordada N°981
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A los efectos de fortalecer la democratización y la participación integral de todos los departamentos involucrados en la institución, y en el afán de impulsar la transparencia de la gestión presupuestaria, financiera, contable y patrimonial y la satisfacción de múltiples demandas de la Corte, debe sentarse la postura de la indelegabilidad de las funciones referentes a la administración de recursos humanos, no así a las funciones meramente administrativas, que sí pueden ser delegadas a efectos de una mayor eficiencia y eficacia en el ejercicio de la función y el servicio público que atañe a la institución.

Los cargos vacantes son:

1. Consejero en Asesoría Jurídica en materia administrativa del Poder Judicial.
2. Consejero de Planificación y Desarrollo del Poder Judicial.
3. Consejero de Administración y Finanzas del Poder Judicial.
4. Consejero de Auditoría y Control de la gestión administrativa financiera del Poder Judicial.

Los principios rectores del reglamento son la igualdad de todos los ciudadanos para el acceso a las funciones públicas no selectivas, sin más requisito que la idoneidad; la publicidad más amplia posible de la convocatoria, reglamentación y proceso de selección; la idoneidad, transparencia, objetividad e imparcialidad en la gestión del proceso de selección; y la legalidad de la reglas y procedimientos de selección.

Cabe resaltar que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) prestó asistencia técnica para la elaboración del Reglamento de Selección por Concurso Público para el ingreso a la Corte Suprema en los cargos vacantes de Consejeros del Consejo de Administración Judicial.

La Corte Suprema de Justicia informará oportunamente la fecha de inicio de la presentación de los documentos de los interesados en los cargos vacantes. Se aclara que la publicación de esta información no implica que los plazos ya están corriendo.

Recordemos que por la Acordada N° 751/12 se resolvió modificar y aprobar el organigrama de la Corte Suprema de Justicia, el cual estableció integralmente las reparticiones administrativas y jurisdiccionales de la institución. Por tanto, en búsqueda constante de la optimización de su gestión, corresponde hacer efectiva la delegación de la administración presupuestaria, financiera, contable y patrimonial de la institución en un Consejo de Administración Judicial, el cual se constituirá en la máxima autoridad, a los efectos establecidos en todas las normativas que regulan el funcionamiento presupuestario, financiero, contable y patrimonial de las instituciones del Estado, que resulten aplicables, considerando el principio de autarquía del Poder Judicial.