La Corte Suprema de Justicia, en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales y en el marco de las políticas de modernización del sistema judicial, aprobó la Acordada N° 1779 del 22 de enero de 2025, que reglamenta la primera fase de implementación de las tobilleras electrónicas como herramienta de monitoreo en el ámbito penal.

El documento establece los lineamientos técnicos y operativos para la correcta aplicación de estos dispositivos, asegurando su uso conforme a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y debido proceso. La Oficina Técnica Penal será la encargada de coordinar la ejecución de esta primera fase, garantizando su operatividad y supervisión conforme a las disposiciones establecidas.

La implementación de la tobillera electrónica responde a la necesidad de optimizar el control de medidas alternativas a la prisión preventiva y otras disposiciones judiciales, promoviendo un sistema más eficiente y alineado con estándares internacionales en materia de justicia penal.

Para acceder al contenido completo de la Acordada N° 1779, se adjunta el documento en formato PDF.