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Corte Suprema de Justicia

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20 DE SEPTIEMBRE DE 2006

POR SUPUESTAS PRESIONES AL TRIBUNAL DE SENTENCIA

Ministra de la Corte prometió garantías a víctimas de Ycuá Bolaños

Familiares y víctimas del Ycuá Bolaños solicitaron a la ministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta de Correa garantías ante publicaciones de la supuesta existencia de presiones sobre el Tribunal de Sentencia que juzga a los acusados por el siniestro del 1 de Agosto del 2004. La alta exponente judicial remitió el pedido ante el Consejo de Superintendencia, organismo que ya inició el trámite correspondiente.

Ante publicaciones aparecidas, el lunes pasado en medios de prensa escrita, de que un alto exponente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados llamó supuestamente al doctor Jorge Bogarín González, defensor de Agustín Alfonso planteándole que presente denuncia contra los integrantes del Tribunal de Sentencia y que la misma se tramitaría de forma inmediata, las víctimas y familiares del siniestro del Ycua Bolaños presentaron su preocupación a la ministra de la Corte Suprema de Justicia, doctora Alicia Pucheta de Correa.

 

Las víctimas señalaron que este tipo de hechos puede estar mediado por intereses económicos o personales que puede enturbiar el proceso. “No es posible que a esta altura cuando ya se están acercando las pruebas documentales y se van a realizar los descargos correspondientes empecemos de vuelta a tener presiones y no sintamos esa garantía de parte, nada menos, que del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados que se supone tiene que velar por la conducta de los magistrados”, señaló Liz Torres, de la Coordinadora de Victimas del Ycuá Bolaños.  

 

La ministra Pucheta de Correa se comprometió a agotar todas las instancias y brindar las garantías para que la audiencia siga su curso normal y en ese sentido remitió la denuncia ante el Consejo de Superintendencia, organismo que ya dio trámite a la misma.

 

La medida fue adoptada basándose en el Artículo 4° del Código de Organización Judicial que autoriza a la Corte Suprema, por intermedio del Consejo de Superintendencia, ejercer el poder disciplinario y de supervisión sobre los tribunales, juzgados, auxiliares de la Justicia, funcionarios y empleados del Poder Judicial, así como sobre dependientes del mismo y demás reparticiones que establezca la Ley.
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