En primer lugar, la ministra Llanes informó sobre las capacitaciones dirigidas a magistrados y funcionarios del fuero especializado, enfocadas en lavado de dinero y la aplicación de medidas cautelares sobre bienes sujetos a comiso. Asimismo, se capacitó a funcionarios del fuero ordinario en el abordaje de casos de abuso sexual en niños y hechos punibles de violencia contra la mujer.

También se llevaron a cabo talleres de buenas prácticas dirigidos a jueces penales, con énfasis en recusaciones y otras dilaciones indebidas. Además, se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucionales con el Ministerio Público, la Seprelad, la Senabico y el BCP, para la unificación de criterios y el fortalecimiento de la cooperación.

Se destacó la implementación de un protocolo de manejo de evidencias digitales para jueces penales y la realización de visitas penitenciarias a las cárceles de Tacumbú, Buen Pastor y Coronel Oviedo, con el fin de censar a personas en situación de vulnerabilidad y revisar sus casos. También se realizaron visitas al Hospital Psiquiátrico para la revisión de casos de personas internadas por órdenes judiciales. Asimismo, se apoyó a los jueces de ejecución en actividades de reinserción social y se destacó la colaboración con el Ministerio del Interior para la implementación de tobilleras electrónicas.

En cuanto a estadísticas, se informó que la OTP emitió 165 dictámenes técnicos. En relación con las tareas de depuración, la intervención realizada en Central y Capital arrojó los siguientes resultados: 228 audiencias realizadas, 107 soluciones alternativas, 99 libertades otorgadas, 29 causas remitidas a juicio oral y 6 rebeldías declaradas.

Se destacó la implementación del proceso de Trámite Simplificado (inadmisibilidades por el objeto). De los 369 recursos de casación ingresados a la Sala Penal de la CSJ entre el 8 de julio y el 17 de diciembre de 2024, 91 se resolvieron mediante este mecanismo, lo que representa el 25 %.  La duración promedio para resolver estos recursos se redujo de 6 meses a 20 días.

Finalmente, la doctora Llanes presentó una propuesta de Acordada a los ministros de la máxima instancia judicial para reglamentar la ejecución de sanciones pecuniarias impuestas por los jueces penales a litigantes de mala fe.