El acto protocolar de comunicación oficial de la elección de Comisionados y Comisionadas de la Comisión Nacional de Prevención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes fue realizado esta mañana en el Salón Vip de la Congreso Nacional.

Estuvieron presentes, el juez Penal de Garantías y presidente del órgano selector, doctor Pedro Mayor Martínez, la senadora Ana María Mendoza de Acha, Mariela González,José Carlos Rodríguez y Alejandra González Rioboó quienes conformaron el mencionado órgano.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la senadora, Ana María Mendoza de Acha integrante de la Comisión de DDHH del Congreso quien dijo que se trata de un día muy importante en el que se instala la comisión contra la tortura tras lograr pasar diversos pasos para su creación.

Por su parte, Pedro Mayor Martínez expresó que las personas seleccionadas están altamente capacitadas para el cargo además de demostrar su compromiso en el tema. Asimismo relató el proceso de instalación del mecanismo que empezó con una convocatoria, pre selección y las ternas.

Así también dijo que la comisión se sitúa en un punto de inflexión para nuestro país y que se encuentra convencido de que muchas personas saldrán beneficiadas con la creación del mencionado órgano.

Finalmente se procedió a la lectura del Acta número 17/2012 con fecha del 26 de diciembre del corriente y posterior firma por parte de los comisionados y comisionadas.

Es importante mencionar que los mismos fueron seleccionados a través de audiencias públicas se llevaron adelante en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley Nº 4288/2011, donde se escucharon a los postulantes al cargo, divididos en dos ternas, una por cada horario.

El Órgano Selector, estuvo integrado por el juez Pedro Mayor Martínez, como presidente; Mariela González, José Carlos Rodríguez, Dionisio Gauto, Carlos María Aquino y Alejandra González.

Cabe señalar que el Mecanismo Nacional de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes es un ente autárquico con personería jurídica de derecho público creado por la Ley 4288/2011, para colaborar y reforzar la protección de las personas privadas de su libertad contra todo tipo de penas prohibidas por nuestra legislación vigente, y las normas internacionales que rigen en la materia. Asimismo, se buscan prevenir y erradicar la tortura y otros tratos o penas crueles inhumanos o degradantes.