El Consejo de Superintendencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió remitir a la Superintendencia General de Justicia los resultados de un control realizado por la Dirección General de Auditoría de Gestión del Poder Judicial, sobre la obligación de presentar informes trimestrales y cierre de protocolos de los escribanos públicos habilitados por el máximo tribunal de la República. Los documentos corresponden al año 2009 y se encontraron varias irregularidades en el cumplimiento de dicho requisito.

El mencionado documento detalla que son 1164 los escribanos públicos que cuentan con la habilitación por parte de la máxima instancia judicial, de los cuales 252 han presentado informes trimestrales y cierre de protocolos correspondientes al 2009, 5 presentaron sin movimiento todos los libros de protocolos habilitados durante dicho año, mientras que 135 no presentaron los informes trimestrales ni cierre de protocolos y los restantes 772 han presentado sus informes parcialmente, siempre en el 2009.

Los escribanos están obligados a cumplir dicho requisito en virtud a lo establecido en el Código de Organización Judicial y normativas vigentes que rigen la materia. Uno de los objetivos del control y seguimiento realizado al trabajo de los escribanos públicos (previsto en la Ley), es evitar y detectar la comisión de ilícitos, como por ejemplo antedatar escrituras públicas, según lo explicaron funcionarios encargados de realizar la auditoría.

En la Corte Suprema de Justicia existen antecedentes sobre apercibimientos, suspensiones e incluso cancelación de matrículas como consecuencia de la comisión de irregularidades por parte de escribanos públicos.

La decisión del Consejo de Superintendencia consiste en que se investiguen a fondo los casos muy llamativos y se adopten las medidas que correspondan. Se supo que se solicitarán ampliaciones de informes en aquellos casos en que los escribanos no trabajaron en todo el año.