Las palabras de bienvenida a cargo de la senadora de la Nación, Kattya González. Por su parte Jorge Amaya, director Académico de la Universidad de Bolonia, agradeció el recibimiento, y destacó el trabajo cooperativo entre los Poderes del Estado involucrados.

Las ponencias del Tercer Panel arrancaron con la presentación de la doctora Anna Mastromarino, catedrática de Derecho Público Comparado de la Universidad de Turín, Italia. El tema abordado fue el “Minorías y Constitucionalismo democrático: ¿una relación incongruente?”. Sostuvo que “estamos usando palabras antiguas para describir palabras nuevas, no existe una definición compartida de minoría, nuestros estados son estados constitucionales democráticos”. “El objetivo es ser un instrumento de justicia social”, apuntó

Textualmente dijo: “somos juristas y tenemos que avanzar, hacemos un esfuerzo como juristas en el constitucionalismo democrático, donde es el espacio de la alteridad y no la diversidad, pero empezamos a decir algo diferente, donde incluimos y hay una realidad plural”.

Enfatizó, en un momento de su ponencia, que se podría renunciar a proteger a las minorías, y proteger al pluralismo sin catalogar ni decir que hay minorías lingüísticas y que se debe hacer el esfuerzo de añadir algo más donde se quiera superar los riesgos democráticos y cambiar la forma de definir el derecho.

Seguidamente se desarrolló el tema de “Los huérfanos del femicidio”, a cargo de la doctora Gabriela Ávila, exjueza de Familia de la Provincia de Neuquén, Argentina, especialista en Justicia Constitucional y DD. HH. de la Universidad de Bolonia. Al respecto, dijo que los niños víctimas de este hecho están en extrema vulnerabilidad, las resoluciones fiscales tienen estereotipos de género. Asimismo, brindó estadísticas y porcentajes de femicidios en distintos países de Latinoamérica así como la cifra de niños que sufrieron los daños colaterales de estos casos.

“Estos niños quedan huérfanos de madres, están en situación deficiosa. Hay una obligación del estado de reparar esto a través de programas de abordaje, en donde en varios países aprobaron proyectos de programas de protección, reparación y apoyo jurídico a víctimas”, explicó.

Al ir finalizando su ponencia subrayó que “se debe trabajar para las nuevas generaciones, abordándolo de manera Interdisciplinaria”. “Esto se lo debemos a las próximas generaciones”, insistió.

Asimismo, la doctora Patricia Fernández, posdoctora en Derecho de la Universidad de Bolonia, realizó su ponencia enfocada en “Minorías, género, diversidades y empresa” y dijo que en el Parlamento europeo la mayoría de los países han tomados medidas recomendatorias en este ámbito expuesto.

Mencionó que se podría abordar desde la temática sostenible, donde las mujeres logren el empoderamiento que es el objetivo del milenio. “La perspectiva de género nos obliga a magistrados a analizar los casos en concreto, los estereotipos que se cuelgan y a visibilizar los roles y el poder de los géneros que estén introducidos en las causas y hacer un escrutinio expreso que no necesariamente lleve a la inconstitucionalidad”, expresó.

Concluyó que este es el camino que la Corte IDH va marcando, donde estos hechos deben garantizar la igualdad de género, donde las empresas están alcanzadas por los derechos humanos, de acuerdo a las actividades que representa. “El gran desafío es extender los postulados de la democracia en los ámbitos privados, se tiene que redistribuir este poder, crear políticas que empoderen a las mujeres, este es el desafío”, sentenció.

Así también, el doctor Germán Busamia (Argentina), juez del Tribunal Superior de Justicia de la Provincia de Neuquén, intervino sobre “Rol de los Tribunales Superiores en la protección judicial de grupos vulnerables”. Sobre el punto destacó que para que funcione este sistema se deben combinar la impronta u oportunidad y el impacto, donde los tribunales difunden los criterios de "cómo debemos trabajar todos, para marcar un rumbo de criterios en el establecimiento de sistemas de protección judicial a los grupos vulnerables".

Dio un mensaje final en el cual se debe hacer algo más práctico, pragmático y útil, y “diseñar, implementar y monitorear una política pública con temática común donde los Poderes entendamos el rol y realizar la aplicación del Derecho Procesal Convencional”.

El tercer panel, concluyó con los temas desarrollados por Gabriela Arraigada (Argentina), especialista en Justicia Constitucional y DDHH.de la Universidad de Bolonia - “La necesidad de incorporar el término 'travesticidio' en el Código Penal Argentino” y de Verónica Lastra (Argentina), máster en Justicia Constitucional y DD.HH.de la Universidad de Bolonia sobre “La identidad de género en niños, niñas y adolescentes. ¿hormonización a edades tempranas?”.