Durante la ponencia, la doctora Llanes indicó que “a partir de la Constitución Nacional del año 1992 se establecieron cambios en el ordenamiento jurídico, incorporándose nuevos organismos dentro del sistema penal”.

Mencionó que desde la vigencia del sistema penal se han detectado vulnerabilidades respecto a su efectividad para administrar casos complejos con multiplicidad de imputados, hechos punibles, bienes incautados y cuantiosos daños ocasionados. 

Remarcó y sancionó el avance agigantado de la criminalidad, que se aprovecha de los avances tecnológicos, perfeccionando mecanismos para delinquir. Además, habló del modelo penal instaurado como el sistema acusatorio que busca el equilibrio entre la eficiencia y las garantías, que requiere ser fortalecido para avanzar en la lucha  contra el crimen organizado en el país. 

Señaló que “la Sala Penal, más allá de sus funciones en el proceso ordinario, da respuesta también a las causas del crimen organizado y delitos económicos a través de los trabajos realizados desde la Oficina Técnica, a partir de la cual se definen criterios y lineamientos para alcanzar eficiencia sin detrimento de las garantías en los procesos. Este es el enfoque que le hemos dado desde el Poder Judicial y estas son las acciones concretas entre muchas otras realizadas desde la Corte Suprema de Justicia para enfrentar este nuevo tipo de criminalidad y dar la respuesta de efectividad, que nos exigen no solo de la sociedad sino también  los organismos internacionales, en este caso, las recomendaciones de Gafilat”.

La máxima instancia judicial ha creado en cada fuero Oficinas Técnicas Especializadas en las que jueces, camaristas, ministros y técnicos se reúnen para brindar apoyo jurídico y técnico a los jueces y operadores del sistema Penal, de manera a ir ajustando y modificado normativas en el caso de que sea necesario, encaminado y orientado a darle mayor fortalecimiento y claridad al sistema Penal Especializado.

La ministra Llanes indicó que los objetivos del Plan Estratégico del Estado paraguayo del 2013 ( PEEP) han sido proteger la integridad del sistema económico, preservar el orden y la seguridad juridica nacional de la República del Paraguay. Asimismo, analizar e identificar  amenazas y riesgos, cumplir con los estándares internacionales en materia legislativa, a fin de uniformar  y fortalecer la lucha  contra el crimen organizado.