El vicepresidente primero de la Corte Suprema de Justicia, doctor Alberto Martínez Simón, brindó las palabras de bienvenida a los participantes y señaló que desde la máxima instancia judicial se tiene el mayor interés institucional en la protección del medio ambiente.

Agregó que la Dirección de Derecho Ambiental trabaja específicamente en la coordinación de tareas en representación de la Corte Suprema para que, a través de las organizaciones civiles y las instituciones del Estado especializadas en materia ambiental, se logre un impacto efectivo y productivo respecto a la protección ambiental.

Con la lectura y consideración del acta anterior se dio inicio a la reunión, que fue aprobada por los integrantes. Seguidamente, se fijó fecha para constitución de la Mesa en la Colonia Río Verde, del Departamento de San Pedro, en relación a la denuncia realizada por el Infona en reunión de fecha 17 de marzo, en el marco de las reuniones que viene realizando de manera periódica la mesa interinstitucional sobre cuestiones ambientales.

Seguidamente, se trató el Ordenamiento Urbano y Territorial de Municipios, sobre el que se solicitará al Ministerio de Hacienda un informe relacionado con el avance de los planes de ordenamiento por parte de los Municipios, así como la elaboración de un borrador de resolución para fijación de criterios ambientales por parte del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible, a ser realizada en el proceso de construcción de los planes referidos, y en forma conjunta con la Secretaría Técnica de Planificación del Desarrollo Económico y Social (STP). 

Por último, se realizó la presentación de invitados a la Mesa: Defensoría del Pueblo, Instituto de Derecho y Economía Ambiental y la Organización Sonidos de Mi Tierra.

Es importante mencionar que la mesa interinstitucional tiene el compromiso de la preservación del medio ambiente, es un órgano deliberativo, consultivo y multidisciplinario que se constituyó para lograr la operatividad y transparencia.

Tiene varias funciones, entre ellas coordinar intervenciones “in situ”, generar políticas en el marco de la represión de los hechos punibles ambientales, entre otras.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Antonio Fretes, es el ministro encargado de la Dirección de Derecho Ambiental.