La ministra explicó que la Corte Suprema de Justicia, desde la Sala Penal y bajo su coordinación, creó la Oficina Técnica de Apoyo al Sistema Penal con el propósito de trabajar en la elaboración de acordadas y planes de descongestión del sistema penal que brinden la posibilidad de aplicar soluciones alternativas al juicio oral, siendo lo punitivo la ultima ratio, así como mecanismos de solución alternativa de conflictos y desarrollar talleres de capacitación continua para magistrados de diferentes instancias.

Añadió que este año se dictó la Acordada N° 1511, que pretende ser operativa, y de esta forma corregir la aplicación de las medidas cautelares, ya que justamente uno de los aspectos de la reforma del sistema penal es revertir la mala aplicación de la prisión preventiva, que se convirtió en una regla pero, conforme a la Constitución Nacional, debe ser abordada excepcionalmente.

“La mala aplicación de la prisión preventiva como regla es una de las más grandes distorsiones que tiene el sistema penal”, argumentó y luego señaló que mientras tanto deben ser aplicadas las medidas alternativas para mantener a la persona sometida al proceso.

Llanes explicó que el sistema penal actúa una vez que el hecho es cometido y dentro del debido proceso, con las reglas, donde deben existir una serie de garantías constitucionales y legales como la legítima defensa, para determinar si la persona ha infringido la ley y luego aplicar el castigo que puede ser la privación de su libertad o una sanción económica.

Sobre la mala aplicación de la ley refirió que el problema es cultural, ya que el poder inquisitivo autoritario se encuentra instalado en el país aunque la Constitución Nacional de 1992 estableció el modo de aplicar y administrar la fuerza en el proceso penal, y los jueces así como los integrantes de la Corte Suprema de Justicia deben cumplir la manera en que se dictan las reglas y las atribuciones.

Señaló que el sistema está estructurado para que los jueces ejerzan el poder disciplinario y velar que el debido proceso se realice y no se altere. Las partes deben cumplir las reglas, plazos, oportunidades y límites que deben ser respetados, para que durante la contienda legal el juez imponga el orden y aplique sanciones si no se respetan las mismas, acotó.

Consultada sobre las prescripciones de causas, la ministra dijo que en la Sala Penal trabajan en los criterios de la interpretación de la ley, los códigos en materia de prescripción para ir dictando los acuerdos y sentencias, que a la fecha son más de treinta y que en la Sala ya existe un criterio sentado en cuanto a la aplicación de la prescripción del delito y de la acción, ya que tienen un tope legal que cuando se alcanza ya no existe nada que se pueda hacer.

En ese contexto refirió que “existen pactos, como el de San José de Costa Rica y la misma Constitución, que establecen plazos para la investigación, duración del proceso y que el Código Procesal reglamenta todo eso en el artículo 136 y demás artículos, de cómo se va a administrar el tiempo en un proceso penal, así como se establecen consecuencias en caso de una mala administración del tiempo y después se determinan las responsabilidades”.

Fue muy específica al relatar que cuando declaran la prescripción, también remiten los antecedentes a la Dirección de  Auditoría, para delimitar las responsabilidades, ya que eso está establecido y están obligados a aplicar la ley que está vigente, y que si no lo cumplen estarían prevaricando, ya que actuarían en contra de lo establecido.

La alta magistrada habló también de que desde este mes se iniciará la aplicación gradual del expediente electrónico en la Sala Penal y que esto permitirá mayor control sobre los plazos y mecanismos de alertas que ayudarán a disminuir la mora judicial, agilizarán los trámites y los procesos y así aumentar la transparencia.

La ministra Carolina Llanes comentó finalmente sobre la creación del Fuero Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado implementado por la Oficina Técnica de Apoyo Penal con jueces de Garantías de Crimen de Organizado, Delitos Económicos, Tribunales de Sentencia de Delitos Económicos y Crimen Organizado, Tribunal de Apelación integrado por diversas Cámaras y la Sala Penal que completan el circuito competente que sustancian todas las causas.

Esta incorporación a la estructura judicial forma parte de las observaciones realizadas a nuestro país por parte del  Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).