En la sala del Pleno de la Corte, este martes, el titular de la máxima instancia judicial, doctor César Diesel, acompañado por los ministros Luis María Benítez Riera y Gladys Bareiro de Módica, recibieron al presidente de la Cámara de Senadores, Oscar Salomón, y su comitiva. Participó también la responsable de la DGRP, Abg. Lourdes González Pereira.

Se informó que el convenio tiene entre sus objetivos facilitar las comunicaciones oficiales y el intercambio de información documental entre ambas instituciones, además de contribuir a la eficiencia de las gestiones interinstitucionales.

“Este convenio permite facilitar las comunicaciones que desde las diferentes comisiones parlamentarias llegan al registro para el estudio y posterior aprobación de leyes que sobre todo tienen que ver con inmuebles, proyectos de expropiaciones y demás. Entonces lo que se establece es un canal único de comunicación, la designación de enlaces institucionales como responsables de una y otra parte, y formalidades y requerimientos para las solicitudes tanto informes como de copias”, puntualizó la titular de los Registros Públicos. 

Dijo que “es una forma de organizar mejor el servicio que debemos prestar no solamente al Parlamento sino a varias instituciones públicas e igualmente, obviamente, proporcionar a un importante poder del Estado las herramientas que necesita para sus tareas propias que son las aprobaciones de leyes”.  

El presente convenio busca establecer un marco general de cooperación entre la Honorable Cámara de Senadores y el Poder Judicial, a través de la Dirección General de los Registros Públicos, con la finalidad de interactuar en las áreas de la información, la capacitación y la investigación, entre las que se citan: la lucha por la formalización de la tierra, el combate a la pobreza, el acceso a la propiedad privada y a una vivienda digna, con base en los principios rectores de reciprocidad, pertenencia y confidencialidad.

Se pretende que la comunicación entre las instituciones sea facilitada con el uso de las nuevas tecnologías, permitiéndose que el intercambio de datos se realice, a opción de las partes, por vía electrónica bajo los respectivos mecanismos de seguridad que resguarden las informaciones.

Cabe resaltar que el convenio tendrá vigencia y validez jurídica de 2 (dos) años a partir de la fecha de suscripción, pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo y por escrito entre las partes. Además, las instituciones firmantes manifiestan su interés en ir perfeccionando el presente acuerdo, en atención a las futuras necesidades y experiencias derivadas del trabajo conjunto.