En el documento se resalta que el derecho de acceso a la información es un derecho humano que, por su propia naturaleza, requiere de la mayor inmediatez posible ya que el control de la cosa pública o el ejercicio de otros derechos no puede verse dilatado o frustrado por cuestiones formales o criterios tradicionales que eviten el conocimiento de las cuestiones de fondo.
 
Precisamente, esta acordada se dictó ante la necesidad de reglamentar algunos aspectos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información; y se trata de una primera iniciativa de la máxima instancia judicial para garantizar los procedimientos administrativos de manera a asegurar el ejercicio de este derecho fundamental que tienen los ciudadanos. 
Así, se pretende además organizar la estructura institucional de manera a garantizar el cabal cumplimiento de las leyes que regulan la materia.

Recordemos que la Corte Suprema de Justicia, luego de dar a conocer su histórica sentencia en octubre del 2013, ordenó (ya el año anterior a la aprobación de las leyes 5282 y 5189 del 2014) que sean publicadas en el sitio web oficial las nóminas de magistrados y funcionarios con sus respectivos salarios y beneficios.