Los objetivos estratégicos fijados para esta actividad comprenden el diagnóstico de las actividades institucionales y de otras entidades u organizaciones que tengan en sus funciones la guarda, custodia, resguardo, de personas en situación de vulnerabilidad u órganos jurisdiccionales que sean pasibles de monitoreo en la aplicación de las normas inherentes a los derechos humanos.

Sobre las prioridades en la acción, habrán de surgir de la propia circunscripción judicial, así esta región tiene identificadas las comunidades con presupuestos de vulnerabilidad como los indígenas, personas con discapacidad, adultos mayores, niños y niñas adolescentes, en hechos generadores como el trabajo infantil, así también la unificación de criterios de aplicación de la Ley Penal; monitoreo a las comunidades penitenciarias, funciones de las fuerzas públicas, Policía Nacional y eventualmente Fuerzas Armadas (siempre que intervengan en procesos judiciales).

Este plan estratégico igualmente entrará a regir con la aprobación del pleno de la Corte Suprema de Justicia, como unidad regional coordinada por la doctora Rocío Gossen en Alto Paraná, en dependencia de la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.

En la descripción de los objetivos específicos podemos puntualizar  algunos como: facilitar el acceso a la Justicia, informar a las organizaciones de derechos humanos, sobre el monitoreo interno y externo, asistir y monitorear a los magistrados, actuarios, psicólogos forenses, mediadores, facilitadores, agentes de seguridad institucional, y otras funciones jurisdiccionales que  comprometan el trato directo con las personas. También monitorear agentes fiscales, defensores, agentes penitenciarios, agentes policiales, agentes operadores de niñez y adolescentes infractores, entre otros.

Asimismo, representar al Poder Judicial en casos y denuncias ante organismos internacionales que guarden relación con los derechos humanos, diseño de herramientas y estructuras de políticas institucionales, desarrollo de programas de atención a adolescentes infractores, además de la aplicación de normas y procedimientos para la desinstitucionalización de niñas y niños.

Participaron de esta reunión la presidenta de la Circunscripción Judicial del Alto Paraná, doctora Rocío Gossen Teme; la doctora Nury Montiel, directora de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia; el abogado Andrés Vásquez, consultor internacional de la Dirección de Derechos Humanos y expositor; responsables de las Oficina de Mediación y Facilitadores Judiciales; magistradas de Niñez y Adolescencia, Adolescente Penal, de las ciudades próximas a la capital departamental.