La comitiva estuvo encabezada por el presidente de la Corte Suprema, doctor Luis María Benítez Riera, y los ministros José Raúl Torres Kirmser, Alicia Pucheta, Miryam Peña y Gladys Bareiro de Módica. La comisión bicameral se encuentra presidida por la senadora Blanca Lila Mignarro.

Precisamente, para demostrar que se trabaja bajo el eje de fortalecer el servicio judicial en torno a las personas, se informó que todos los colegios de abogados del país tuvieron la oportunidad de recibir respuestas a sus principales reclamos. Se señaló que se impulsó una política de puertas abiertas, buscando mayores y mejores canales de diálogo con los diversos sectores de la sociedad. Además, ante denuncias ciudadanas o ante hechos publicados en los medios de comunicación, se dieron respuestas rápidas y oportunas. Se ha dispuesto la ejecución de 242 auditorías de reacción inmediata, además de otras 100 que fueron programadas. Esto ha permitido conocer más a fondo los casos y dar retorno sobre las medidas adoptadas.

La autarquía presupuestaria del Poder Judicial, plasmada en el artículo 249º de la Constitución Nacional, e incorporada en la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación (PGN) desde años anteriores, permite a la Corte Suprema de Justicia la administración directa de sus recursos propios (Fuente de Financiamiento 30), posibilitando mayor eficacia y eficiencia en las gestiones de recaudación y pago, respectivamente.

Como parte de la defensa del Proyecto de Presupuesto se reprodujo un material audiovisual que resaltó las acciones del Poder Judicial con base en los siguientes ejes:

ACCESO A LA JUSTICIA

Se ha priorizado la defensa de los derechos humanos de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, pueblos indígenas y demás sectores vulnerables. Desde distintos frentes, se buscó remover obstáculos, a fin de que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso real a la justicia.

VISITAS CARCELARIAS

Se han supervisado las penitenciarías y centros educativos de la República, involucrando a todos los operadores del sistema judicial, lo que permite promover y potenciar la tutela judicial de los derechos de las personas privadas de su libertad, quienes acceden a información sobre las condiciones de sus procesos.

MECANISMOS ALTERNATIVOS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Desde el Poder Judicial se insistió en la difusión y capacitación del uso del Sistema de Mediación a fin de descomprimir los juzgados. Esta función permite un arreglo amistoso y conveniente entre las partes. Ayuda a la solución de numerosos casos gratuitamente, sin llegar a un juicio formal.

FACILITADORES JUDICIALES

Es un programa nacional cuya implementación ha tenido múltiples impactos. Se constituye en un ejemplo de participación ciudadana en la administración de la justicia y actúa como un instrumento de prevención. Actualmente se cuenta con más de 3.200 voluntarios en todo el país.

COMBATE A LA MORA JUDICIAL

Se combate la morosidad otorgando a los magistrados las herramientas necesarias para el desempeño más eficiente, capacitándolos para que se actualicen permanentemente. Se potenciaron los controles jurisdiccionales y se ha coordinado un trabajo interinstitucional para evitar las suspensiones de audiencias.

PLAN MAESTRO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

Se trabajó para lograr un mayor uso de la tecnología en los procesos judiciales, informatizando los mismos. El diseño de este plan tiene el objetivo de abarcar todas las instancias y fueros en las distintas circunscripciones judiciales.

EL INGRESO A LA ERA DIGITAL

Durante el año 2017 se da continuidad al Expediente Judicial Electrónico y al Trámite Judicial Electrónico. La innovación, en pleno proceso de ejecución, permite a las partes de un juicio, realizar un control mucho más ágil y transparente de sus expedientes, así como descongestionar los juzgados. Se implementa de modo gradual, abarcando actualmente a 20 Juzgados en lo Civil y Comercial, 13 Juzgados Penales de Garantías y el Juzgado especializado en Delitos Económicos de la Capital.

ARCHIVO GENERAL DE LOS TRIBUNALES

En el contexto del desarrollo tecnológico se necesita mejorar el servicio del archivo, aplicando innovaciones tecnológicas y de infraestructura para optimizar la gestión y técnicas modernas de administración de archivos.

CUMBRE IBEROAMERICANA

El fortalecimiento de la cooperación internacional ante los organismos y foros regionales y globales es una realidad. Se impulsa la cooperación con los Poderes Judiciales latinoamericanos, a través de mecanismos de integración y redes internacionales.

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

El objetivo propuesto por el Poder Judicial es que cada paraguayo tenga acceso a la justicia en cualquier punto del país a través de las sedes judiciales, brindando comodidad y seguridad a magistrados, funcionarios y usuarios de justicia. El futuro complejo edilicio de Ciudad del Este y el proyecto de construcción del Palacio de Justicia de Salto del Guairá son obras consideradas estratégicas debido a que se requiere una importante presencia institucional.

RECURSOS HUMANOS Y USO DE BIENES

La continua capacitación de magistrados y funcionarios es una prioridad. Se desarrolla un sistema transparente de admisión de recursos humanos a través de concursos públicos y de promoción con la evaluación de desempeño.

Se han desarrollado indicadores de uso de recursos a fin de mejorar la utilización eficiente de los mismos, con énfasis en la gestión jurisdiccional. Se trabaja en el mejoramiento del sistema de control interno en todos los niveles, con el fortalecimiento de las auditorías.

CIRCUNSCRIPCIONES JUDICIALES

Se busca la consolidación del proceso de descentralización, priorizando las acciones correctivas en los fueros de mayor conflictividad con énfasis en los Juzgados de Paz, así como la utilización adecuada y racional de los recursos de acuerdo a la planificación.

PLAN ESTRATÉGICO 2016-2020

El Plan Estratégico Institucional (PEI) 2016-2020 establece como objetivo principal contar con un poder del Estado accesible y confiable, caracterizado por su autarquía y la eficiencia en su gestión, que contribuya eficazmente a la consolidación del Estado de derecho. Formulado mediante un proceso de participación a nivel interno y externo de la institución, este plan permitió, mediante la comprensión de la situación actual del sistema de justicia, trazar los principales desafíos, aspiraciones y líneas de acción para el próximo quinquenio.

Las autoridades de la Corte Suprema explicaron que ante lo expuesto se requiere de un presupuesto acorde a las necesidades, a fin de ejecutar los diferentes proyectos y programas que permitirán brindar una justicia más eficaz y eficiente. Por ello, el Proyecto de Presupuesto 2018 contempla:

AVANZAR CON OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

La Corte Suprema incorpora Palacios de Justicia prácticamente en todas las Circunscripciones Judiciales, así como locales de Juzgados de Primera Instancia y Juzgados de Paz, que requieren de un plan de mantenimiento integral de sus instalaciones, a fin de evitar la descapitalización y un aumento de costes, creando la necesidad de nuevos equipos, infraestructuras e incluso del edificio entero.

INSUMOS PARA EL PODER JUDICIAL

La mayor incidencia se da en la provisión de insumos a la estructura Jurisdiccional, que consta de 64 Tribunales de Apelación, 250 Juzgados Penales, 141 Juzgados en lo Civil, Comercial y Laboral, 51 Juzgados de la Niñez y Adolescencia y 309 Juzgados de Paz. Asimismo se deben abastecer a las direcciones de los Registros Públicos, Registro de Automotores y de Marcas y Señales, teniendo en cuenta la delicada función que desempeñan.

CONTINUAMOS EL PLAN DE INGRESO A LA ERA DIGITAL

Se continuará potenciando el uso de la tecnología e internet con la implementación de procesos vía electrónica, brindando mayor celeridad y transparencia en el manejo de la Justicia en nuestro país.

SEGURO MÉDICO COLECTIVO

La Corte Suprema, a través de campañas internas, insiste en la prevención de enfermedades para mantener y mejorar la calidad de vida de magistrados y funcionarios. No obstante, es innegable que el seguro de salud resulta clave, por lo que la institución debe dar continuidad al contrato de seguro médico colectivo de asistencia sanitaria, con la mejor cobertura de servicios.

DIEZ POR CIENTO (10%) DE REAJUSTE SALARIAL EN GENERAL

Considerando el reclamo de los diferentes gremios que componen el Poder Judicial, se incorpora al Proyecto de Presupuesto 2018 el ajuste salarial del diez por ciento (10%) sobre el salario básico del Personal Permanente de la Institución, teniendo en cuenta que el último reajuste fue otorgado en el año 2012.

MATRIZ SALARIAL – SEGUNDA ETAPA

Se trabaja en la aplicación de la segunda etapa de Matriz Salarial para el ajuste de los montos correspondientes a las Bonificaciones por Responsabilidad en el Cargo, no constituyendo impacto presupuestario alguno, e incluye los cargos de Relator, Actuario Judicial, Secretario de Juzgados de Paz, Jefes de Departamento, División y Sección de las Áreas: Jurisdiccional, Registral y Administrativa.

DESPRECARIZACIÓN LABORAL

La implementación del proceso de desprecarización laboral será aplicada solamente a aquellas personas que se encuentran bajo el régimen de contratación temporaria con al menos cuatro años ininterrumpidos de prestación de servicios en el mismo organismo o entidad del Estado. Para ello se establecen los principios de igualdad, publicidad, idoneidad, objetividad, legalidad e imparcialidad.

BONIFICACIÓN POR GRADO ACADÉMICO

Se aprobó la bonificación por grado académico a todos los funcionarios nombrados y comisionados en la CSJ que hayan obtenido el título en universidades públicas o privadas legalmente reconocidas, como incentivo y estímulo para la especialización. El rubro debe mantenerse porque los conceptos no fueron ni serán incorporados a la Matriz Salarial.

Se establece la asignación exclusiva a funcionarios nombrados de la Corte Suprema de Justicia que hayan alcanzado la antigüedad mínima de 10 años en el ejercicio activo de la función. El monto de la bonificación dependerá de la escala progresiva de años de servicio del funcionario (de 10 a 20 y más de 20).

Conscientes de que el principio de la Justicia es la igualdad ante la ley, desde el Poder Judicial asumimos el compromiso de asegurar que todos los ciudadanos tengan acceso a ella. Apelamos al Expediente Judicial Electrónico, a la modernización, a la profesionalización de nuestros recursos humanos y a la inversión en infraestructura como puntos claves para mantener a nuestra Institución con un nivel de eficiencia, transparencia y eficacia acordes a los desafíos actuales. Estas acciones serán posibles con el esfuerzo conjunto de todos los poderes del Estado, celosos custodios de la institucionalidad en la República.