Al presentar el proyecto, el doctor Benítez Riera subrayó la necesidad de asignar recursos estratégicos para gestionar eficientemente el creciente volumen de casos y mejorar la infraestructura judicial, en consonancia con los objetivos de desarrollo institucional. Durante su intervención, el presidente enfatizó: “Este presupuesto representa un esfuerzo para mejorar nuestra capacidad operativa, respondiendo a las necesidades crecientes de nuestra sociedad y a los desafíos del sistema judicial”.

El presupuesto asciende a Gs. 2.190.541.000.000 (dos billones ciento noventa mil quinientos cuarenta y un millones de guaraníes), lo que representa un incremento del 41% con respecto al ejercicio fiscal anterior. Estos recursos están destinados a mejorar la infraestructura y reforzar la capacidad operativa, en línea con el objetivo de la Corte Suprema de ofrecer un servicio de justicia más accesible y eficiente. La propuesta se basa en la metodología de Presupuesto por Resultados, asignando recursos según indicadores de gestión.

En cuanto a la productividad judicial, el Poder Judicial proyecta alcanzar una meta de 946.188 resoluciones en 2025, lo que supone un aumento del 3% en comparación con las 915.754 resoluciones previstas para 2024. 

Otro punto relevante abordado durante la presentación fue la reivindicación salarial de magistrados y funcionarios judiciales. El doctor Benítez Riera subrayó la importancia de atender las demandas del sector, afectado por un prolongado congelamiento salarial. "El fortalecimiento del recurso humano es esencial para consolidar una justicia robusta y eficiente", afirmó. El presupuesto propuesto incluye medidas específicas para hacer frente a esta situación, con el objetivo de reforzar el compromiso institucional y avanzar hacia una justicia más sólida y efectiva.

La descentralización es otro de los pilares fundamentales del presupuesto 2025. El objetivo es garantizar que la justicia sea accesible en todas las regiones del país. Para ello, se contempla no solo la modernización de la infraestructura física, con la construcción de nuevas sedes judiciales, sino también la mejora en áreas clave como los registros públicos. Se proyecta la finalización de 1.419.641 registros a cargo de la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección de Registro de Automotores y la Dirección de Marcas y Señales, lo que facilitará el acceso de los ciudadanos a estos servicios en todo el territorio nacional.

En cuanto al combate a la mora judicial, una preocupación constante en los últimos años, el presidente de la CSJ señaló que la máxima instancia judicial está comprometida en abordar esta problemática. “Necesitamos recursos que nos permitan agilizar los procesos y responder a la creciente carga de trabajo que enfrenta el Poder Judicial”, afirmó el titular de la máxima instancia judicial durante la audiencia. También se debatió la necesidad de reforzar este aspecto, y el presidente subrayó que cada año, el gobierno judicial que asume tiene entre sus principales objetivos la reducción de la mora judicial. Esto reafirma que este desafío es una prioridad institucional para el Poder Judicial. Esta visión está integrada en el plan estratégico de la Corte, que prevé una acción continua para reducir la mora judicial.

El Plan de Inversiones 2025 también incluye mejoras en la infraestructura judicial para los Juzgados de Primera Instancia de Capiatá, Juzgados de Primera Instancia de Fernando de la Mora, Palacio de Justicia de Filadelfia y Juzgados de Primera Instancia de J.A. Saldívar que se iniciaron en el presente año. Además, en el año 2025, el inicio de las obras para la ampliación del Palacio de Justicia de San Lorenzo y la construcción del Palacio de Justicia de Villa Hayes, y para asientos de los Juzgados de Primera Instancia de Yby Yaú, San Estanislao y Carmelo Peralta.

Se pretende cumplir con la creación de nuevos cargos dispuesto por ley para reforzar el personal judicial en nuevos tribunales, juzgados, secretarías y Juzgados de Paz, asegurando una justicia más accesible en todo el país. Asimismo, se prevé el fortalecimiento de equipos técnicos interdisciplinarios, en cumplimiento con las disposiciones del Código de la Niñez y Adolescencia, demostrando el compromiso del Poder Judicial con el cumplimiento de las leyes vigentes.

La comitiva institucional estuvo conformada por el director general de Administración y Finanzas, abogado Mirko Duré; el director general de Planificación y Desarrollo, abogado Juan José Martínez; el director general de Recursos Humanos, abogado René Genes; la directora financiera, doctora Luz Antúnez; y el director de Presupuesto, señor Carlos E. Benítez.