La validación de planes de estudios sobre derechos humanos, conforme a las 100 Reglas de Brasilia, se refiere al acceso a la justicia, lo que garantiza a las personas indígenas que el Poder Judicial promoverá las condiciones destinadas a posibilitar el ejercicio pleno de sus derechos, para de esa manera evitar la discriminación por su origen e identidad indígena.

Durante la última reunión se llevó cabo el debate sobre temas relacionados con el trato que recibirán los pueblos indígenas por parte de los órganos encargados de administrar la justicia en nuestro país, como así también sobre las formas de resolución de conflictos propios de los pueblos indígenas, propiciando su armonización con el sistema de administración de justicia estatal.

Del encuentro participaron representantes de las siguientes organizaciones, Javier Chamorro y Yeny Villalba por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; María Victoria Heikel y Katharina Ross por el Programa PROINDIGENA de la GIZ; Carmen de Diego por la Agencia Española para la Cooperación Internacional y el Desarrollo; Livia Cardozo por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ); Federico Álvarez por Amnistía Internacional Paraguay (AI) y Esther Prieto, experta de reconocida trayectoria en la materia.

Asimismo, la validación de planes de estudios sobre derechos de indígenas garantiza  la gratuidad en la asistencia técnico-jurídica cuando la persona no tiene recursos y condiciones para afrontar los gastos de un proceso judicial. Permite, igualmente, la adopción de posibles formas alternativas de resolución de conflictos, mediante la mediación, conciliación, arbitraje y otros medios.

Con esta cuarta reunión se da por finalizado el proceso de reuniones de validación y se dará paso a un periodo de presentación e incorporación de aportes. Este proceso de validación y presentación de 2 propuestas curriculares sobre Derechos Indígenas para Operadores de Justicia del Poder Judicial se lleva a cabo dentro del Plan Operativo 2015, que incluye entre sus ejes temáticos promover una actuación judicial que garantice el cumplimiento del Convenio 169 de la O.I.T. en el servicio de administración de justicia relativo al Derecho Consuetudinario.

Cabe destacar que el programa de Acceso a la Justicia cuenta con el apoyo de la ministra de la Corte Suprema de Justicia doctora Alicia Pucheta de Correa; la directora de Derechos Humanos, Nury Montiel Mallada; y la coordinadora del citado programa, Julia Helena Fernández Albertini.