24 DE JUNIO DE 2014
DIRECTORA DE DD.HH. DE LA CORTE DE NUESTRO PAÍS EXPUSO EN SUIZA
Destacan importancia del proceso de construcción de Indicadores para un Juicio Justo
Las Misiones Permanentes del Paraguay y Portugal, con el apoyo de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), celebraron un evento paralelo en el marco del 26° Periodo de Sesiones del Consejo de DD.HH., en el Palacio de las Naciones Unidas en Ginebra, Suiza, en el marco de la implementación de indicadores de derechos humanos. En la ocasión, la directora de DD.HH. de la máxima instancia judicial del Paraguay, Nury Montiel, destacó la importancia de la construcción de “Indicadores para un Juicio Justo”.
La abogada Montiel manifestó, durante su ponencia, que ante la dificultad presentada en la visibilización de acciones emprendidas en el momento de construir el informe al Examen Periódico Universal de Naciones Unidas, se inició el proceso de construcción de “Indicadores para un Juicio Justo”, en el cual se da a conocer la decisión política de la Corte de nuestro país para administrar justicia pronta, expeditiva y que contribuya al desarrollo de una comunidad tomando decisiones sobre datos fácticos en cuanto al acceso equitativo e igualitario a la justicia de todas las personas.
Recordó que el objeto de los indicadores es identificar esfuerzos medibles que provean información para la toma de decisiones que reflejen el compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el marco del imperio de la ley.
Enfatizó que el ejercicio para el diseño de indicadores de DD.HH. es indispensable para la construcción de políticas públicas. La abogada Montiel destacó que en la Corte de Paraguay se entiende que el ejercicio de hacer justicia no solo implica hacer que ella sea eficiente y eficaz en términos procesales, sino que además debe ser eficiente y eficaz en el impacto de derechos humanos de las personas que hacen parte del proceso y en su comunidad.
Indicó que los Indicadores para un Juicio Justo son coordinados desde la Dirección de Derechos Humanos de la Corte por medio del Sistema de Información de DD.HH. y que los Indicadores son de tres tipos: estructurales, que incluyen marco normativo, políticas y planes; de proceso, que se componen de elementos que permiten el análisis de los esfuerzos para garantizar los derechos humanos; y, por último, de resultado, conformados por elementos que permiten analizar el impacto resultante de la aplicación de normas, políticas y planes.
Estos indicadores tienen como características: estar focalizados en las personas, en las garantías procesales y constitucionales y ser flexibles. Se cuenta de 118 indicadores divididos en 5 grupos de atributos que cubren: Indicadores generales (Sobre la percepción de justicia y preparación estructural del Poder Judicial en derechos humanos); Acceso e Igualdad (sobre accesibilidad y procesos judiciales); El Poder Judicial competente e independiente (en cuanto a responsabilidad administrativa y rendición de cuentas); Garantías procesales y constitucionales (Derechos civiles); Apelaciones; Reparación; Protección especial de niñez y adolescencia.
Asimismo, un nuevo grupo de indicadores se está construyendo como herramienta de prevención de malos tratos, tratos crueles y tortura, destinado a medir garantías procesales y constitucionales de personas privadas de libertad.
Apuntó que la identificación de indicadores de Derecho a un Juicio Justo en Paraguay es una de las mejores prácticas actuales, respondiendo al esfuerzo de un Poder Judicial en garantizar acceso a la justicia con perspectivas de DD.HH. como una herramienta concreta que promueve el desarrollo de una sociedad al hacer efectiva la exigibilidad de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Asimismo, hizo mención en que desde el año 2002 la Corte de nuestro país cuenta con la oficina técnica encargada de derechos humanos que asesoraba exclusivamente primeramente a los ministros, en el cumplimiento de recomendaciones y sentencias de los sistemas regional e internacional de derechos humanos y que desde el 2006 la oficina pasó de ser una Dirección de DD.HH., que hasta la actualidad es la única dirección en la materia en una Corte de la región y que, a más de las funciones anteriores, se adiciona el trabajo de reconocer el impacto de las decisiones judiciales en la vida de las comunidades.
Comentó que en el 2010 se reconoció institucionalmente el impacto de la justicia en el desarrollo de las políticas públicas sociales: primero, con la inclusión de un objetivo estratégico especialmente de derechos humanos en el Plan Institucional dirigido a “Difundir y controlar la vigencia de los DD.HH. en las políticas, sentencias, normativa y el accionar del PJ, y rendir cuentas a la ciudadanía y a los foros que corresponda”; y, en segundo lugar, con la incorporación de las “100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad” como una de las líneas específicas de acción de ese objetivo estratégico.
Recordó que el objeto de los indicadores es identificar esfuerzos medibles que provean información para la toma de decisiones que reflejen el compromiso de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en el marco del imperio de la ley.
Enfatizó que el ejercicio para el diseño de indicadores de DD.HH. es indispensable para la construcción de políticas públicas. La abogada Montiel destacó que en la Corte de Paraguay se entiende que el ejercicio de hacer justicia no solo implica hacer que ella sea eficiente y eficaz en términos procesales, sino que además debe ser eficiente y eficaz en el impacto de derechos humanos de las personas que hacen parte del proceso y en su comunidad.
Indicó que los Indicadores para un Juicio Justo son coordinados desde la Dirección de Derechos Humanos de la Corte por medio del Sistema de Información de DD.HH. y que los Indicadores son de tres tipos: estructurales, que incluyen marco normativo, políticas y planes; de proceso, que se componen de elementos que permiten el análisis de los esfuerzos para garantizar los derechos humanos; y, por último, de resultado, conformados por elementos que permiten analizar el impacto resultante de la aplicación de normas, políticas y planes.
Estos indicadores tienen como características: estar focalizados en las personas, en las garantías procesales y constitucionales y ser flexibles. Se cuenta de 118 indicadores divididos en 5 grupos de atributos que cubren: Indicadores generales (Sobre la percepción de justicia y preparación estructural del Poder Judicial en derechos humanos); Acceso e Igualdad (sobre accesibilidad y procesos judiciales); El Poder Judicial competente e independiente (en cuanto a responsabilidad administrativa y rendición de cuentas); Garantías procesales y constitucionales (Derechos civiles); Apelaciones; Reparación; Protección especial de niñez y adolescencia.
Asimismo, un nuevo grupo de indicadores se está construyendo como herramienta de prevención de malos tratos, tratos crueles y tortura, destinado a medir garantías procesales y constitucionales de personas privadas de libertad.
Apuntó que la identificación de indicadores de Derecho a un Juicio Justo en Paraguay es una de las mejores prácticas actuales, respondiendo al esfuerzo de un Poder Judicial en garantizar acceso a la justicia con perspectivas de DD.HH. como una herramienta concreta que promueve el desarrollo de una sociedad al hacer efectiva la exigibilidad de los derechos enunciados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Asimismo, hizo mención en que desde el año 2002 la Corte de nuestro país cuenta con la oficina técnica encargada de derechos humanos que asesoraba exclusivamente primeramente a los ministros, en el cumplimiento de recomendaciones y sentencias de los sistemas regional e internacional de derechos humanos y que desde el 2006 la oficina pasó de ser una Dirección de DD.HH., que hasta la actualidad es la única dirección en la materia en una Corte de la región y que, a más de las funciones anteriores, se adiciona el trabajo de reconocer el impacto de las decisiones judiciales en la vida de las comunidades.
Comentó que en el 2010 se reconoció institucionalmente el impacto de la justicia en el desarrollo de las políticas públicas sociales: primero, con la inclusión de un objetivo estratégico especialmente de derechos humanos en el Plan Institucional dirigido a “Difundir y controlar la vigencia de los DD.HH. en las políticas, sentencias, normativa y el accionar del PJ, y rendir cuentas a la ciudadanía y a los foros que corresponda”; y, en segundo lugar, con la incorporación de las “100 Reglas de Brasilia para el acceso a la justicia de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad” como una de las líneas específicas de acción de ese objetivo estratégico.
