El coordinador de la comisión técnica, juez Penal de Garantías Pedro Mayor Martínez, explicó que el objetivo de la misma consiste básicamente en diagnosticar la actual situación de los juzgados y tribunales a nivel país y del sistema penal en general, así como coordinar tareas y esfuerzos con otras instituciones en el marco de la consecución del acceso a la Justicia por parte de las víctimas y del sujeto pasivo del Derecho Penal.

Indicó que se debe hacer un relevamiento y diagnóstico actual de la situación por la que atraviesa el sistema de justicia penal, de modo a buscar la coordinación y unificación de criterios jurisprudenciales que van a marcar una línea en torno a la interpretación normativa que deben hacer los jueces, siguiendo un criterio de seguimiento constitucional y cumplimiento de las disposiciones de la Convención Americana de Derechos Humanos.

Con el fin de cumplir con los urgentes desafíos de la Comisión, sobre todo observaciones sobre proyectos de leyes girados al Poder Judicial y a la Comisión, el relacionamiento se extenderá a reparticiones del citado Poder del Estado, como las direcciones de Asuntos Internacionales, de Derechos Humanos, el Instituto de Investigaciones, de Tecnología, de Comunicación, entre otros.

Mayor Martínez manifestó que se aunarán esfuerzos con otras instituciones vinculadas al sistema que, a través de otras unidades estratégicas que existen o que deberán ser creadas, podrán coparticipar de procesos interinstitucionales. Asimismo, en el contexto del plan de fortalecimiento se pretende proveer de todos los insumos normativos internos a la comisión para que se puedan satisfacer las necesidades institucionales de proveer dictámenes u opiniones en torno a proyectos de ley para ofrecer una visión desde el Poder Judicial de la normativa que deberá ser aplicada a los operadores de Justicia.

En paralelo al periodo de fortalecimiento, se ha implementado el protocolo de videoconferencia conjuntamente con el Ministerio de Justicia y Trabajo, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública. Cabe destacar que el ministro de la máxima instancia judicial doctor Luis María Benítez Riera es el responsable de la Comisión Técnica de Apoyo a la Justicia Penal, que fue reactivada por la Corte Suprema de Justicia con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), ejecutada en el marco del Subprograma 2 “Justicia y Anticorrupción” del Programa Nacional Integrado (PNI) “Fortalecimiento del Estado de Derecho, la Seguridad y la Justicia en el Paraguay”, a través del Instituto de Estudios para la Consolidación del Estado de Derecho (ICED).