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23 DE AGOSTO DE 2013

OFICINA DE JUZGAMIENTO DE CASOS DE DELITOS ECONÓMICOS

Corte aprueba manual de funciones y procedimientos

La máxima instancia judicial, a través del Consejo de Superintendencia, aprobó el Manual de Funciones y Procedimientos de la Oficina de Apoyo para el Juzgamiento de Casos de Delitos Económicos y Corrupción. La decisión fue adoptada durante la última sesión plenaria.

De esta manera se pone en vigencia el mencionado manual de la Oficina de Apoyo para el Juzgamiento de Casos de Delitos Económicos y Corrupción, que tiene por objetivo principal ser una unidad de apoyo técnico especializada en la legislación relacionada a los delitos económicos.

Asimismo, la oficina pretende optimizar el servicio de justicia y promover la capacitación de magistrados y funcionarios en materia de delitos económicos y corrupción.

Tiene además a su cargo coordinar la realización de conferencias, módulos, seminarios, talleres, tendientes al conocimiento efectivo del tema y elaborar un sistema de difusión a nivel de circunscripciones, estableciendo un punto o persona de enlace, que deberá llevar un archivo y control de casos referentes a delitos económicos, sin perjuicio de sus funciones institucionales.

Igualmente tiene como función generar la obtención de estadísticas precisas de casos que atañen a cuestiones relativas a delitos económicos y corrupción, a los fines de facilitar la obtención de información sobre jurisprudencia que pueda ser útil a los jueces en causas de este tipo.

Además debe generar y administrar una base de datos de contactos útiles para casos de delitos económicos y corrupción y que contiene, entre otras, información sobre peritos, técnicos y expertos en materias afines que trabajen dentro y fuera del Poder Judicial, divididos por materias, así como por ubicación geográfica.

Otra de las funciones de la Oficina de Apoyo para el Juzgamiento de Casos de Delitos Económicos y Corrupción es proponer y sostener reuniones interinstitucionales con estamentos y organismos especializados que sirven para el procesamiento de información relativa a casos de delitos económicos y corrupción.

También deberá elaborar informes trimestrales y un informe estadístico anual del movimiento y resultados de su gestión que serán remitidos a la Sala Penal y a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
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