La iniciativa de congregar en una comisión a todos los intervinientes en procesos de control ambiental recibió el apoyo de diversas instituciones públicas y organizaciones privadas. Además de coordinar las acciones de esta comisión, la máxima autoridad judicial impulsó la creación de una Dirección Ambiental, cuya misión será capacitar y entrenar a funcionarios judiciales y administrativos, así como a miembros auxiliares en materia de Derecho Ambiental.

El doctor Antonio Fretes exhortó a jueces, fiscales y defensores que los procesos relacionados a temas ambientales no se detengan y que todos los incidentes planteados por los abogados de los imputados o acusados sean resueltos con celeridad.

La comisión interinstitucional realizó operativos en San Lorenzo, Luque, Areguá, Itauguá, Limpio, Pirayú y Altos. Los mismos se desarrollaron en forma planificada y en la mayoría de las ocasiones se visitaron locales que se encontraban con la licencia ambiental suspendida y con sus propietarios soportando procesos judiciales.

El objetivo de estas visitas, según expresiones del propio Presidente de la Corte, es establecer un punto común entre los fiscalizadores y los propietarios de los locales, en el sentido de colaborar con la adecuación de los establecimientos infractores a las normas ambientales vigentes en la brevedad posible.

“La justicia debe velar también por la seguridad social. Cuando un juez dispone la clausura de un establecimiento por incurrir en faltas ambientales, el propietario debe enfrentar un proceso que culmina con su amonestación o cuando el mismo termina poniendo en regla su locales”, argumentó el doctor Antonio Fretes.

Durante estos operativos, los técnicos explican a los propietarios o responsables las mejoras que deben realizar, y si hay buena predisposición de los mismos o ya se ven que se están realizando obras de adecuación, el Ministerio Público tiene la opción de suspender temporalmente el proceso judicial.