Los magistrados y las magistradas reunidos durante los dos días del Congreso Nacional, emitieron este sábado una declaración final en la que expusieron las principales conclusiones de los debates.

Resaltaron los principios y valores institucionales que constituyen los pilares de la administración de justicia en la República del Paraguay, con la finalidad de fortalecer y modernizar la gestión jurisdiccional y de alcanzar los fines institucionales contenidos en las normas nacionales y en los planes estratégicos aprobados por la más alta instancia de gobierno judicial.

“Sabemos que nuestra misión es brindar a cada ciudadano un servicio independiente, eficaz, eficiente, impartiendo justicia oportuna, con equidad, transparencia y previsibilidad, resolviendo conflictos jurídicos de conformidad con la ley, con miras a consolidar la paz social, en el marco constitucional de un Estado Social de Derecho”, señala en una parte el documento firmado por todos los jueces y juezas que participaron del Congreso.

“Sostenemos que la independencia del Poder Judicial, cuya filiación deviene del equilibrio de poderes en toda república, considerada ella tanto en su aspecto institucional y personal de cada magistrado o magistrada, y cuya expresión es tanto interna, en cuanto a los factores jerárquicos, como externa, desde los ámbitos de poder, es la única garantía que tienen las personas para que el goce efectivo de los derechos de que están intituladas, obtenga la debida tutela y pueda restablecerse la paz social quebrada por el conflicto”, puntualiza en otro párrafo la declaración.

Destacaron además que el instituto constitucional de la inamovilidad de la Magistratura Judicial es uno de los pilares fundamentales de la independencia del Poder Judicial, ya que no solo consagra la estabilidad laboral, sino que permite al Magistrado Judicial ejercer sus funciones libre de coyunturas.

Reconocen la necesidad de promocionar la carrera judicial, debiendo el acceso al cargo de la Magistratura Judicial ser producto de un riguroso análisis de méritos, con criterios objetivos de evaluación en el proceso de selección, y reafirmaron el principio constitucional de la autarquía presupuestaria, entre otros puntos destacados en el documento final, que adjuntamos en este material.