El doctor Tadeo Zarratea ante el III Foro de Lenguas y Audiencia Pública sobre el Proyecto de Ley de Lenguas, en representación del Poder Judicial dijo que el mismo entiende que esta ley será de alta significación para el justiciable, especialmente en los fueros: penal, de la Niñez y la Adolescencia, así como en el fuero laboral, porque la cuestión lingüística de nuestro país se manifiesta cuando una persona de habla no castellana es imputada por alguna falta o delito y se ve obligada a enfrentar a la maquinaria judicial que por lo general sólo funciona en castellano.

El doctor Zarratea agregó que por la importancia que tiene este Foro, la Corte Suprema de Justicia ha constituido una comitiva para hacerse representar en la misma; integrada por las doctoras. Noyme Yore Ismael, Defensora General y Nury Montiel, Directora de Derechos Humanos y   el juez Penal de Garantías de Pedro Juan Caballero, Luís Alberto Benítez Noguera. Esta comisión fue constituida a instancia de los Ministros encargados de las Direcciones de Derechos Humanos y de Género respectivamente de la Corte Suprema de Justicia, doctores Víctor Manuel Núñez y  Alicia Pucheta de Correa.  

“Uno de los problemas que más preocupa a los países de la región Iberoamericana en nuestro tiempo es la dificultad que tienen ciertos sectores de la población para el acceso normal a la justicia.  El caso fue abordado por la 14º Cumbre Judicial Iberoamericana, celebrada en la ciudad de Brasilia en marzo de 2008.  El documento entonces aprobado es conocido como las “100 Reglas de Brasilia” y tipifica perfectamente las situaciones en las cuales los ciudadanos de la región encuentran dificultades para el acceso a la justicia y establece los mecanismos para sortear esas dificultades” refiere  en otro punto, en su exposición, el doctor Zarratea.

Añadió que ante ésta situación la Corte Suprema de Justicia resolvió dictar la Acordada Nº 633 el 1 de junio de este año 2010, por la cual ratifica el contenido de las “100 Reglas de Brasilia” y constituye una comisión para su vigilancia y cumplimiento. “En nuestro país se halla en primerísimo lugar las dificultades derivadas de la lengua que habla el justiciable, que si no es el castellano ya dificulta de entrada su acceso a la justicia. Los problemas derivados de este factor son considerables, sobre todo porque la población paraguaya en su mayoría sigue hablando en guaraní, mientras el único idioma que utiliza la justicia paraguaya es lengua de una minoría nacional.  Por tanto, la lengua de la administración de justicia no se corresponde con la de la mayoría” puntualizó.

“Siendo esta la situación, la Corte Suprema de justicia no puede menos que celebrar las disposiciones contenidas en el Proyecto de Ley de Lenguas que se halla en estudio, especialmente de aquellas que tienen relación con la administración de justicia.  Entre ellas se encuentran, por ejemplo la del artículo 8º, que reglamenta el valor jurídico de las expresiones, en los siguientes términos: “Las manifestaciones públicas y privadas, orales y escritas, producen los mismos efectos jurídicos si se expresan total o parcialmente en cualquiera de los idiomas oficiales, sin necesidad de traducción a la otra lengua oficial ni de exigencia previa alguna”, resaltó el representante del Poder Judicial ante el Foro de Lenguas.

Señaló que el Poder Judicial ve con mucha simpatía la creación por ley de la Academia de la Lengua Guaraní como entidad privada de servicio público, porque hace falta una autoridad de la lengua ante quien recurrir en casos de dudas idiomáticas en los procesos judiciales. 

Finalmente, dijo que la Corte Suprema de Justicia está dispuesto a asumir la multiculturalidad de la nación y el bilingüismo del Estado Paraguayo; y además, que está dispuesto a realizar los esfuerzos necesarios para que todos los ciudadanos de la República tengan facilidades para el acceso a la justicia y que ninguna lengua sea obstáculo para que las personas sean beneficiadas con el servicio de justicia.