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Corte Suprema de Justicia

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23 DE ENERO DE 2007

PROCURADOR GENERAL ACCIONÓ ANTE LA JUSTICIA

Piden que indemnizaciones a víctimas de la dictadura sean pagadas por familiares de Stroessner

El procurador general de la República, Nelson Alcides Mora pidió al juez Alejandro Sosa que dictamine para que sean los familiares del fallecido ex presidente Alfredo Stroessner los responsables de pagar a las víctimas de la dictadura las indemnizaciones correspondientes y no el Gobierno. De esta manera busca recuperar los 53.000 millones de guaraníes que el Estado desembolso hasta el momento en concepto de indemnización.

El juez en lo Civil, Alejandro Sosa deberá decidir en cuanto al pedido planteado por el procurador general de la República, Nelson Mora que promovió una acción buscando recuperar unos 53.000 millones de guaraníes que el Gobierno paraguayo pagó en concepto de indemnización a las víctimas de la dictadura stronista.

 

La intención del Procurador es que el monto sea cubierto por la familia del ex presidente de la República, Alfredo Stroessner y no por el Estado como se viene haciendo hasta ahora.

 

Mora solicitó al magistrado que declare de oficio “instrumento público de crédito” la planilla del Ministerio de Hacienda en donde figuran los pagos realizados a las victimas de la dictadura.

 

En su presentación, el Procurador General menciona el artículo 8° de la Ley 838/96 que señala que “El Poder Ejecutivo abonará las indemnizaciones concedidas con fondos provenientes de las obligaciones diversas del Estado”. Agregó en su escrito que “la disposición transcripta es la que responsabiliza directamente al patrimonio publico y en consecuencia al Estado paraguayo, al pago de las indemnizaciones que son establecidas por resolución emitida por el Defensor del Pueblo, conforme a las disposiciones legales”.

 

Menciona, además que una vez que la Defensoría del Pueblo - donde se inician las gestiones para el cobro correspondiente - se pronuncie sobre el caso en cuestión, la resolución se eleva al Ministerio de Hacienda para efectivizar el compromiso asumido de indemnizar a las personas beneficiadas.
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