Por una serie de razones jurídicas, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, declaró inadmisible para su estudio el recurso de apelación interpuesto por la defensa de Juan Walberto Zárate contra la resolución del Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, de la Capital, por la cual se rechazó la recusación presentada contra la jueza María Teresa González de Daniel.

 

El ex intendente soporta un proceso por lesión de confianza en el ejercicio de sus funciones al ser acusado por la Cámara de Diputados por supuestamente malversar unos 5 mil millones de guaraníes, pertenecientes a las arcas de la comuna.

 

Al respecto, los ministros miembros de la Sala argumentaron que considerando la experiencia judicial, las recusaciones resueltas casi siempre fueron recurridas por los operadores judiciales y que incluso en innumerables, ocasiones procedieron a recusar igualmente a los órganos jurisdiccionales llamados a resolver la recusación.

 

Agregan que en la generalidad de los casos, con este tipo de planteamientos las partes buscan mas bien elegir a sus propios jueces o el de dilatar el trámite de la causa, apartándose del ejercicio correcto de sus facultades y la buena fe que les impone las leyes procesales respectivas.

 

“Si bien, ante tales eventualidades la posibilidad sancionatoria está latente y es necesaria su imposición, esto no siempre es suficiente, puesto que el retardo procesal que genera contribuye decididamente para al extinción del proceso, que no es precisamente el medio normal de terminación de la causa”, señala una parte de la resolución de la Sala Penal. 

 

Juan Walberto Zárate Núñez fue destituido el 23 de abril de 2009, luego de que los diputados conocieran los dictámenes desfavorables a su administración y tras haberse dispuesto la intervención de la comuna a fines del 2008 al ser acusado por el supuesto desvío de unos 5 mil millones de guaraníes.

 

A criterio de los parlamentarios durante la administración de Zárate se comprobaron además, actos de nepotismo, tráfico de  influencia, omisión de datos por ingresos de 2008 por valor de más de 1.842 millones de guaraníes, diferencias en informes de ejecución presupuestaria de gastos de administración con los cheques emitidos, y violación de la Ley de contrataciones públicas  por valor de más de 1.000 millones de guaraníes, entre otros.