Medidas adoptadas por la Corte Suprema de Justicia

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Diesel, presentó un informe detallado sobre las acciones institucionales implementadas tras la divulgación de los chats filtrados. Explicó que, el 4 de febrero, el Consejo de Superintendencia ordenó la apertura de un sumario administrativo a la jueza Sadi Estela López Sanabria y remitió los antecedentes al Juzgado Penal de Garantías y al Ministerio Público.

Posteriormente, el 7 de febrero, en sesión extraordinaria, el Pleno de la Corte resolvió la suspensión sin goce de sueldo de la jueza Carmen Silva y la apertura de un sumario administrativo a la jueza Ana Aguirre. Asimismo, se remitieron los antecedentes de ambas magistradas al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al Ministerio Público, además de solicitar a la Contraloría General de la República un examen patrimonial sobre su situación financiera.

En materia de seguridad judicial, el presidente informó que se dispusieron medidas de protección para el magistrado Osmar Legal, a quien se le asignó seguridad especializada y un vehículo blindado a través de la SENABICO. Además, el 18 de febrero se ordenó la apertura de una investigación preliminar al juez Álvaro Rojas Almirón, de Pedro Juan Caballero, ante publicaciones que señalaban presuntas irregularidades en su jurisdicción.

Como parte del fortalecimiento institucional, el presidente recordó que la Corte Suprema de Justicia encabeza una mesa de trabajo interinstitucional con el Ministerio del Interior, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia, con el objetivo de coordinar esfuerzos en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.

Declaración del presidente Diesel sobre menciones en publicaciones

Así también, durante la sesión plenaria, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Diesel, se refirió a las publicaciones en las que se menciona su nombre y aclaró que no puede asumir responsabilidad por conversaciones en las que no ha participado.

"Quiero aclarar que no puedo ni voy a hacerme cargo de dichos de terceros ni de conversaciones en las que no he tenido participación. Esta aclaración la hago por respeto a mis colegas ministros, magistrados, jueces, funcionarios y toda la ciudadanía”, enfatizó.

Reafirmó que la Corte Suprema de Justicia seguirá actuando con determinación para garantizar la legalidad, adoptando todas las medidas necesarias para preservar la integridad del sistema.

Explicación sobre la figura del Ministro Superintendente

En su intervención, la ministra Carolina Llanes explicó el rol del Ministro Superintendente, con el propósito de clarificar sus atribuciones dentro del sistema judicial y evitar interpretaciones erróneas.

Resaltó que su función es de carácter administrativa y de supervisión general, sin injerencia en la asignación de causas ni en la resolución de expedientes judiciales dentro de la circunscripción asignada. Asimismo, precisó que sus tareas se desarrollan en coordinación con el Consejo de Administración de la Circunscripción, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del sistema judicial.

Diferenciación de roles dentro del sistema de justicia

El ministro Gustavo Santander destacó la importancia de que la ciudadanía comprenda con claridad las competencias de los distintos órganos que integran el sistema de justicia.

Explicó que el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) es el órgano encargado de evaluar y sancionar a jueces y fiscales, y que en diversas ocasiones sus funciones han sido erróneamente atribuidas a la Corte Suprema de Justicia.

"Es fundamental que se distingan con precisión las competencias de cada órgano del sistema de justicia. La Corte Suprema tiene la atribución de designar magistrados, mientras que la facultad de evaluar su desempeño y aplicar sanciones corresponde al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados”, puntualizó.

El ministro reafirmó que la CSJ ha aplicado sanciones dentro de su competencia y destacó la necesidad de que los procesos disciplinarios en el sistema de justicia se lleven a cabo con rigor y en estricto cumplimiento de la normativa vigente.