La lucha contra la corrupción es un pilar fundamental para el progreso y desarrollo de una nación, ya que esta práctica socava las bases de la justicia, la equidad y la confianza en las instituciones. En este contexto, la promulgación de la mencionada ley refleja el firme compromiso de los tres poderes del Estado para erradicar este flagelo y promover los principios de transparencia e integridad.

En ese sentido, dicha ley propone una política pública que establece diversas acciones para promover la integridad, la transparencia gubernamental y la gestión pública eficiente en todos los sectores de la sociedad. Asimismo, incluye la detección de casos de corrupción pública y su derivación a los organismos de persecución penal. 

Comprende tres ejes principales: el fortalecimiento de las bases para una cultura de integridad, transparencia y prevención de la corrupción pública; la recepción y gestión de denuncias contra funcionarios públicos; y la coordinación y formación de alianzas estratégicas con los sectores público y privado.

Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, durante el uso de la palabra enfatizó que hoy se presenta el fruto de este compromiso conjunto entre autoridades del país, “hemos alcanzado una ley que enfrenta de manera transversal y sistemática a la corrupción. Estamos ante un paso absolutamente significativo en la construcción de la institucionalidad en el Paraguay”.

Indicó también que con esta ley se dota a la Contraloría General de la República con las atribuciones necesarias para sancionar efectivamente los hechos de corrupción. Además de establecer la lucha integral, sistémica e inteligente contra este flagelo, se crea el Consejo Nacional de Anticorrupción, que será la piedra angular en una política de estado sostenible en dicho combate a esta problemática. 

Cabe destacar que dicha ley promulgada incluye la participación de los diferentes poderes del Estado y de organismos extrapoder, como la Contraloría General de la República y la Fiscalía General del Estado (Ministerio Público).

Por su parte, el contralor de la República, Camilo Benítez, mencionó que se regulará la transparencia activa y también se desarrollará una plataforma que proteja la identidad del denunciante, a fin de estar a la altura dentro de las convenciones internacionales de lucha contra la corrupción. “Con esta ley se obliga a la Contraloría a dar seguimiento a todas las denuncias, es evitar el famoso ‘cajoneo’ y la colocación de un Consejo Nacional Anticorrupción, para que todos los poderes del Estado consensuen en la política de integridad”, alegó Benítez.

La actividad tuvo lugar en el Palacio de Gobierno.