22 DE AGOSTO DE 2024
CONVENIO CORTE SUPREMA-ITAIPÚ BINACIONAL
Culminó taller sobre gestión y fortalecimiento del Derecho Ambiental
En el marco del convenio entre la Corte Suprema de Justicia y la Itaipú Binacional, hoy 22 de agosto finalizó el taller denominado “Gestión Legal para la Valoración del Daño, Medias de Compensación y Reparación Ambiental”, impulsado por la Dirección de Derecho Ambiental. En la ocasión la abogada Anaya Anais Arrúa Galván, responsable de dicha dependencia, expuso sobre las funciones encomendadas a la mencionada oficina, que tiene como ministro enlace al Prof. Dr. Víctor Ríos Ojeda.
La Abg. Arrúa habló sobre Unidades de Apoyo Especializado en Derecho Ambiental de la Corte Suprema de Justicia y del Ministerio Público.
En el año 2013 se crea, en la CSJ, la Dirección de Derecho Ambiental mediante Acordada N° 802/13, para luego, en el 2019, por Acordada N° 1314/19, se amplía y se convierte en “Unidad de Apoyo Técnico Especializada en Derecho Ambiental”, que tiene como principal objetivo capacitar a los funcionarios y usuarios de justicia en derecho ambiental. Hasta el momento se realizaron 46 cursos, con 8.816 participantes.
Otra de las funciones es la elaboración de informes técnicos, científicos o dictámenes jurídicos que podrán ser introducidos como elementos de convicción dentro de procesos penales, contencioso administrativo, civil y comercial donde se investigan hechos punibles contra el medio ambiente. “Se han emitido más de 150 dictámenes a nivel país”, resaltó.
También se generan estadísticas precisas de casos que guardan relación con Derecho Ambiental, con el fin de coincidir con los procesos Internacionales de Registro y Estadística. Agregó que se analizaron 167 causas penales ambientales sobre el hecho punible de tala o quema de bosques.
Otras funciones encomendadas son:
-Mesas de trabajo dentro de la política ambiental.
-A través del ministro responsable, doctor Víctor Ríos, este preside la Comisión Ambiental Interinstitucional.
-Acompañar las acciones relacionadas con el Medio Ambiente del Código de Buen Gobierno del Poder Judicial, dentro de la Acordada 783/12. En el marco de esta política se realizan mingas ambientales; difusión y promoción ambiental; programa de reciclado de papel y cartón, lo que genera grandes aportes para evitar impactos negativos en el ambiente, sentenció.
Dentro del panel “Mecanismos para determinar la afectación del Ecosistema”, el abogado César Morbello, técnico de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales (DEDA) del Ministerio Público, dio detalles sobre el Informe Técnico de la Unidad Especializada de Delitos Ambientales. “Nuestro trabajo es intra e interdisciplinario, está integrado por ingenieros químicos, forestales, geólogos, técnicos expertos, etc.”. Actualmente cuentan con 30 técnicos ambientales. Explicó que los informes técnicos son vinculantes con las actuaciones del Ministerio Público.
Los tipos de informes son: de Constitución; de Imágenes Multitemporales; de Análisis de documentos; de Valoración Económica del Daño; de Interpretación de Resultados de Análisis (de aguas y afluentes); Ampliatorios; de Consultas y Dictámenes sobre proyectos de leyes ambientales.
El objetivo de la actividad fue el fortalecimiento de la administración de justicia dentro del área ambiental y la participación de los principales actores de los ámbitos público y privado. Se desarrolló en el Salón Auditorio “Serafina Dávalos”, ubicado en el primer piso del Palacio de Justicia de capital.
También dieron sus aportes significativos al taller el Abg. Daniel Kovacs, especialista en Derecho Ambiental; el Dr. Carlos Monges, de la Dirección de Vida Silvestre, del Mades; el Lic. Qco. Ind. Gustavo René Brozón, director del Centro Multidisciplinario de Investigaciones Tecnológicas (CEMIT); Ing. Daniel Ugarte Filippini, perito ambiental de la CSJ; Lic. Menandro Grisetti, jefe del Departamento Técnico DDA – CSJ; y la Lic. Rosalía Fariña, jefa del Departamento de Evaluación Registral de la Dirección Especializada de Delitos Ambientales del Ministerio Público.