La jueza de la Niñez y la Adolescencia Bettina Ovando explicó que la inscripción en el Redam no solo restringe el acceso a ciertas transacciones legales, como la compraventa de bienes y el matrimonio, sino que también afecta la reputación crediticia de los deudores morosos.

De esta manera se busca generar un impacto significativo en la conciencia de quienes incumplen con sus obligaciones alimentarias, motivándolos a regularizar su situación y garantizar el bienestar de sus hijos.

El proceso para solicitar la inclusión en el Redam es sencillo y gratuito. Se puede realizar de forma presencial en el juzgado que emitió la sentencia definitiva, a través de la secretaría del juzgado o con la asistencia de un abogado particular, o bien mediante un defensor público.

 “Junto con estas medidas legales es fundamental brindar apoyo y seguimiento a las familias involucradas en estos casos”, comentó la jueza especializada en el Fuero de la Niñez.

“Trabajar con las familias puede contribuir significativamente a garantizar un entorno estable y seguro para los niños, niñas y adolescentes afectados, además de fortalecer sus capacidades para enfrentar la situación y defender sus derechos”, subrayó.

Consultada sobre el procedimiento establecido en la ley de Redam, explicó que una vez que el juez firma la resolución relacionada, esta es remitida directamente al Registro de Deudores, agilizando así la gestión de los pagos pendientes.

Además, destacó la existencia de una página web en la que se encuentra disponible todo lo relacionado al Redam y donde puede accederse a un formulario específico para realizar consultas acerca de si una persona se encuentra inscripta en dicho registro (www.csj.gov.py/redam).

La magistrada reiteró que el conjunto de medidas, incluyendo la interconexión con la base de datos de la Opaci y la restricción de acceso a licencias de conducir para los inscritos en el Redam (producto del trabajo interinstitucional de la CSJ con el Ministerio de la Niñez y la Opaci), busca garantizar el bienestar de niños, niñas y adolescentes, velando por su derecho humano fundamental de recibir la asistencia alimentaria necesaria por parte de quien tiene la obligación de proporcionarla.

La jueza Ovando concluyó enfatizando que la colaboración de la justicia en la supervisión y ejecución de estas obligaciones, en conjunto con el apoyo a las familias, es esencial para asegurar un entorno justo y equitativo para los sectores más vulnerables de la sociedad.

Es importante recordar que el proceso para la solicitud de ingreso de una persona al Redam no tiene costo.