La doctora López Safi participó del panel “La Educación como herramienta para desestructurar violencias de Género: Los Estereotipos”, con la doctora Rocío García Sevillano, experta en Derecho Internacional Humanitario, derechos de la mujer y género (España), y con la doctora Gloria Stella Ortiz, expresidenta de la Corte Constitucional (Colombia), fungiendo de moderadora del panel la doctora Lina María Céspedes Báez, profesora de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario (Colombia).

López Safi destacó la importancia de la sensibilización en las capacitaciones y de la internalización de la terminología adecuada en la interpretación y la argumentación jurídica con perspectiva de género, al momento de ilustrar cuáles son los grandes aportes de las personas educadoras para eliminar ciertas creencias y estereotipos que existen y ponen barreras para el logro del derecho a la igualdad y la no discriminación de las mujeres, niños, niñas, adolescentes. 

En ese sentido, se refirió acerca de leyes, políticas, campañas de sensibilización, que apuntan a lograr la igualdad de género en diferentes ámbitos, y desde aquí, otros aportes o propuestas que se podrían brindar desde la educación, que contribuyan a superar los estereotipos y aceleren una verdadera transformación en la sociedad.

Este congreso busca fomentar el espacio de reflexión sobre buenas prácticas, logros y desafíos en la superación de la violencia de género, a través de las jornadas en las que se desarrollaron debates con autoridades, académicas, expertas internacionales, sobre la realidad, las necesidades, políticas, programas y servicios necesarios que resulten en un real beneficio para las personas acudientes al sistema.

A modo de contexto, se pone a conocimiento que la Procuraduría General de la Nación de Colombia actúa al frente del Ministerio Público –conformado por la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y las personerías municipales y distritales– y desempeña un papel crucial. Vela por la protección de los ciudadanos y la garantía de sus derechos a través de sus tres funciones misionales: la función preventiva, que le permite anticiparse a acciones u omisiones que puedan afectar el interés general o contravenir el Estado de derecho; la función de intervención, que la habilita para defender los derechos y el debido proceso ante los jueces de la República en cualquier instancia, incluidas las Altas Cortes colombianas y la Jurisdicción Especial para la Paz; y la función disciplinaria, que la faculta para sancionar, incluso con destitución e inhabilidad, a aquellos servidores públicos que, por acción u omisión, atenten contra el Estado de derecho.

En el marco de estas funciones misionales, y dada la importancia de la garantía de los derechos de las mujeres en la satisfacción de los fines esenciales del Estado colombiano, la Procuraduría General de la Nación de dicho país estableció el enfoque diferencial y de género como el principal pilar institucional en toda su labor. Es decir, en la entidad, se priorizó la incorporación de dicha perspectiva en la gestión de miles de servidores públicos para que se dé una transformación profunda de la cultura institucional y que el trabajo cotidiano contribuya efectivamente a romper los paradigmas de discriminación que se han arraigado en la sociedad.