El Día Internacional de la Mujer, observado el 8 de marzo y celebrado por la Organización de las Naciones Unidas desde 1975, sirve como recordatorio de la lucha global de las mujeres. Esta fecha las reconoce como arquitectas fundamentales de la sociedad, participando de manera activa y esencial, con el objetivo de influir a través de su participación en condiciones equitativas.

En este contexto, la Corte Suprema de Justicia se compromete a dirigir sus acciones conforme a las observaciones y recomendaciones de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Ley N° 1.215/1986, y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), ratificada por Ley N° 695/199. Además, se consideran las Recomendaciones Generales N° 9, 12 y 19 de la CEDAW.

A nivel nacional, el sistema de justicia cuenta con las leyes N° 1600 y 5777, aplicadas en la labor jurisdiccional y registradas mediante el Sistema de Gestión Jurisdiccional (Judisoft). Este sistema incluye un Formulario de Registro de Violencia, aprobado por Acordada N° 1247/18, que facilita la obtención de datos rigurosos para respaldar la toma de decisiones estratégicas basadas en evidencia respecto a las mujeres y sus necesidades judiciales.

Es crucial además seguir implementando de manera tangible los lineamientos establecidos en la Acordada N°633/10, que aprueba las 100 Reglas de Brasilia, con el objetivo de eliminar barreras y garantizar el acceso a la justicia para las mujeres.

El tema internacional del año 2024 de la Organización de las Naciones Unidas, "Invertir en las mujeres: acelerar el progreso", busca concienciar a los gobiernos sobre la necesidad de una inversión y financiación adecuadas en cuestiones de género.

El Día Internacional de la Mujer ofrece una oportunidad invaluable para poner de manifiesto las desigualdades y reafirmar la lucha por condiciones equitativas de derechos en los ámbitos político, social, cultural y económico, pero muy especialmente en el ámbito judicial, espacio en el que sus derechos pueden ser revindicados y garantizados.