En el material se evidencia la situación de la trata de mujeres en el Paraguay y en específico la dinámica socio-criminal en el paso fronterizo Encarnación-Posadas. Entre las principales conclusiones, se expone que las adolescentes son las principales víctimas de trata en el Paraguay y que la trata internacional predomina frente a la interna.

En este sentido, el crimen organizado tiene un papel preponderante, pues se evidenció que la trata de personas es utilizada por grupos criminales con distintos fines, por una parte reclutan a mujeres paraguayas para trasladar narcóticos y luego las someten a explotación sexual en el país de destino. 

Además, se observó que en zonas fronterizas la trata de personas posee características y dinámicas específicas, por lo que la investigación sugiere medidas preventivas y persecutorias acordes en la zona. Entre ellas, se sugiere evaluar la instalación de unidades especializadas de trata de personas por parte del Ministerio Público, juzgados especializados por la Corte Suprema de Justicia y especializar la atención de las víctimas de trata para obtener contención integral.

 Asimismo, se insta a dar a conocer las decisiones judiciales donde las víctimas accedieron a todos los derechos garantizados por la Ley 4788/12 “Integral Contra la Trata de Personas”, como ser la protección e indemnización de las víctimas a los efectos de incrementar la confianza en las instituciones.  

Por ende, el material adquiere relevancia para la Corte Suprema de Justicia a los efectos de contribuir en el análisis de las políticas criminales para combatir el flagelo, también dotará de información a los juzgadores respecto a las principales características criminológicas y sociales de este fenómeno para un mejor juzgamiento de los casos, y por último, permitiría a la ciudadanía conocer datos precisos y actualizados sobre el fenómeno de la trata de personas en el Paraguay.”

Los interesados en acceder al material, pueden acceder al siguiente enlace.

Cabe destacar que el material fue elaborado por las investigadoras Alejandra Mendoza, Ivonne Aristizabal, Paola Gayoso y Analía Rojas, esta última relatora del gabinete de la ministra Llanes, en la Sala Penal de la CSJ.