Tras una audiencia de imposición de medidas, el juez Pedro Mayor Martínez dispuso otorgar libertad ambulatoria al suspendido  fiscal anticorrupción, Gustavo Gamba.

Entre las medidas adoptadas por el juzgado se citan la exigencia de presentar una fianza por parte de sus abogados defensores Osvaldo Granadas y Betina Legal por valor de 100 millones de guaraníes, prohibición de salida del país y no acercarse a la Fiscalía de Delitos Económicos.

El mismo esta imputado por el delito de cohecho pasivo en grado de autoría, tras supuestamente solicitar una coima de 150 mil dólares para beneficiar al senador y ex director de la Itaipú, Víctor Bernal, investigado por el desvío de unos 380.428.219 de guaraníes pertenecientes a fondos sociales de la Binacional y destinados para obras a ejecutarse en Minga Guazú, que incluían colegios y la reforestación de Pira Pytá.

Los fiscales que tienen a su cargo la investigación que involucra a Gamba son Arnaldo Giuzzio y René Fernández, quienes en sus escritos de imputación señalaron que durante una reunión mantenida con Bernal le comunicaron a éste los términos del acuerdo que consistía en la entrega de US$ 150.000 en dos etapas: la primera consistente en la suma de 90.000 dólares y el saldo de 60.000 dólares al concluir la solución ofrecida, que consistía en un sobreseimiento o una suspensión condicional del procedimiento.

Recordemos que dentro del mismo proceso, también esta imputado el abogado Juan Manuel Portillo, quien supuestamente fue el que recibió el dinero a nombre del suspendido fiscal.