18 DE OCTUBRE DE 2023
POR EL PERIODO DE DOS AÑOS
Paraguay y Brasil conforman la secretaría de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial
Durante la sesión plenaria de este miércoles 18 de octubre, el ministro Luis María Benítez Riera, Coordinador Nacional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay y del Consejo de la Judicatura ante la Cumbre Judicial Iberoamericana, informó que el lunes 16 del presente mes a las 15:00 se realizó la primera reunión virtual del Consejo Consultivo de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial con el objetivo de instalar al nuevo Consejo por el periodo de dos años.
Es importante señalar que la Corte Suprema de Justicia de Paraguay fue designada a integrar el Consejo Consultivo en la Asamblea Plenaria de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Lima, Perú el pasado 20 al 22 de setiembre del corriente año.
El Supremo Tribunal Federal del Brasil fue electo para asumir la secretaría de la Comisión y la Corte Suprema de Justicia de Paraguay como secretaría adjunta, por propuesta y el voto unánime de los consejeros representantes para el presente periodo.
Al momento de la presentación de las Secretarías electas, representantes de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay informaron sobre la experiencia y los avances en la implementación de las Políticas de Integridad, Transparencia y Rendición de cuentas mediante el uso de la herramienta de autoevaluación aprobada por la Asamblea de la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Asunción durante el mes de abril del año 2016.
La Comisión de la Red Iberoamericana de Integridad Judicial en la ocasión inauguró el Portal de Búsqueda Jurídica donde se encuentran disponibles todos los recursos digitales de los sistemas de justicia a nivel iberoamericano de libre acceso a todos los interesados. Para acceder al portal debe hacer click en el siguiente enlace .
La Cumbre Judicial Iberoamericana ha impulsado la creación y el mantenimiento de una Red Iberoamericana de Integridad Judicial a partir de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial y con el fin de potenciar la independencia económica de los jueces y de cumplir el mandato de la Convención de las Naciones Unidas contra la corrupción, hecha en Nueva York el 31 de octubre de 2003.