La reunión estuvo encabezada por el ministro del Interior, Federico Alberto González, quien manifestó que se analizaron diversas y distintas alternativas con posibilidades reales. En ese sentido, se estudiaron mecanismos legales, administrativos y presupuestarios necesarios para la implementación de los dispositivos electrónicos de control, ya sean pulseras, tobilleras o similares, en personas procesadas o privadas de libertad que reúnan los requisitos, a fin de descomprimir la superpoblación penitenciaria.

Asimismo, se examinaron los inconvenientes que tendrán que ajustarse para la efectiva aplicación de la ley mencionada, así como los aspectos legales, el órgano de control y sobre todo la falta de presupuesto, que serán trabajados en una mesa interinstitucional.
El ministro González señaló que están decididos a demostrar la voluntad de los poderes del Estado, siendo objetivo estatal implementar esta ley que está vigente y avanzar con pasos certeros y posibilidades reales en coordinación entre todas las instituciones involucradas: la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General del Estado, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Justicia. 

Además del ministro Luis María Benítez Riera participaron el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández; el ministro de Justicia, Daniel Benítez; el ministro de Tecnologías de la Información y Comunicación, Fernando Saguier; el viceministro de Tecnologías del Mitic, David Ocampos; y Carmen Aguilera, de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas.

También estuvieron presentes el comandante de la Policía Nacional, comisario general comandante Gilberto Arístides Fleitas Colmán; comisario Gral. Insp. (R) Mateo Cuellar, viceministro de Seguridad Interna del Ministerio del Interior; el comisario general Carlos Benítez, director general de Prevención y Seguridad; y el comisario general director Benicio Ramírez, director general de Investigación General de la Policía Nacional.