Al conversatorio asistieron magistrados, funcionarios judiciales, profesionales abogados y personal técnico del Instituto de Previsión Social (IPS), y los principales temas debatidos en el foro fueron, entre otros, la seguridad social, seguros sociales, prestaciones económicas, prestaciones en especie. La actividad se desarrolló en el Salón Auditorio Doctora Serafina Dávalos del Palacio de Justicia de Asunción. 

Asimismo se hablaron sobre las fuentes y sistemas de financiamiento del seguro social administrativo del ente y amparos promovidos ante los tribunales de la República contra los servicios de salud del instituto y que eventualmente violan derechos del asegurado. 

En la oportunidad, el doctor Benítez Riera calificó de relevante la actividad por tratarse de una cuestión jurídica y financiera sobre aspectos para la ágil y correcta solución de las controversias planteadas ante los tribunales. Las mismas están basadas en debates sobre las necesidades de los habitantes de la República, en primer término, y la protección efectiva de los patrimonios del Estado, en segundo.

Manifestó que la judicialización de la política es un fenómeno creciente en la región, en la cual se busca hacer referencia a la función transformadora de la Corte Suprema de Justicia en la protección de derechos fundamentales, tema –según dijo– discutido ampliamente en las Cumbres Iberoamericanas, por constituir de superlativa importancia. 

Benítez Riera subrayó además que el motivo del empoderamiento de los jueces es en la manera en que la Justicia Constitucional incide en la construcción del nuevo modelo de justicia a los efectos de buscar la tutela judicial efectiva de derechos sociales y garantías de protección, y que –según su parecer– son algunos de los aspectos relevantes que motivan la creación del espacio de debates entre los impartidores de justicia y las administraciones, buscando la armonización de criterios jurisprudenciales, en el manejo de legislación comparada.

Cabe mencionar que actuaron de disertantes además los miembros directivos del IPS Miguel Ángel Doldán, María Cecilia Rodríguez y Víctor Hugo Cáceres, así como las magistradas Alma María Méndez y Judith Gauto. También hubo la participación del magistrado uruguayo Gustavo Nicastro.