Las palabras de apertura estuvieron a cargo de los docentes encargados de cátedra, abogados Darío Galeano y Valeria González, quienes destacaron la importancia del conocimiento de esta rama del Derecho y de los trabajos que realiza la Corte Suprema de Justicia a través de la Dirección de Derecho Ambiental.

A su vez la presentación estuvo a cargo de la directora de Derecho Ambiental de la CSJ, abogada Anaya Arrúa, quien agradeció a las autoridades institucionales por la invitación cursada para participar como disertante en el evento.

Inició su ponencia haciendo referencia a la inserción de principios de protección al ambiente dentro del orden jurídico paraguayo en la Constitución de la República del año 1992, mencionando que su contenido se ubica dentro de la moderna formulación de la cuestión ambientalista y constitucionalismo verde en América, que se caracterizó por el reconocimiento expreso de un derecho de protección al ambiente.

Luego hizo referencias a todos los trabajos realizados por la Corte Suprema a través de la Dirección de Derecho Ambiental, cuyo ministro responsable es el doctor Antonio Fretes.

Mencionó las funciones de la dependencia, como la asistencia técnica jurisdiccional para emisión de dictámenes y pareceres técnicos jurídicos, las capacitaciones y entrenamientos en virtud de la legislación ambiental penal, la generación de datos estadísticos precisos de casos que atañen a cuestiones en relación al Derecho Ambiental, a los fines de coincidir con los procesos internacionales de registro y estadísticas propuesto dentro de los marcos internacionales suscriptos por la Corte Suprema de Justicia en foros Internacionales.

Igualmente, participar en la elaboración de políticas interinstitucionales para la represión de las violaciones del Derecho Ambiental en consonancia y coordinación con las demás instituciones especializadas en esta materia existentes en nuestro país, entre otros.

Así mismo destacó los logros obtenidos a través de la mesa ambiental interinstitucional, como ser: apertura de causas penales y sumarios administrativos a las industrias, suspensión y clausura de actividades no sustentables, adecuación al proceso de evaluación de impacto ambiental y acceso a la declaración de impacto ambiental del 80% de las industrias intervenidas, instalación de modernos sistemas de tratamientos de efluentes y la aplicación de tecnología amigables con el ambiente, proceso de monitoreo de cumplimiento por parte de las instituciones, entre otros.

Finalmente se mencionaron los resultados positivos de la política de reciclaje impulsada por la máxima instancia judicial.