El abogado Carlos Enciso Garcete, superintendente general de Justicia; la magistrada e integrante del Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos doctora Yolanda Morel y Claudia Santa Cruz, coordinadora de la CSJ, además de la abogada Lilian Luraschi, analista SGP, conformaron el equipo de trabajo que acudió al BCP para participar de la jornada de evaluación de la implementación por el Estado paraguayo de la Convención de Mérida de lucha contra la corrupción de las NN. UU. Concretamente, en esta jornada se evaluó la implementación de los artículos 53 y 54 de la Convención.

Al culminar la reunión la magistrada Yolanda Morel refirió que “en la fecha se realizó la evaluación de la implementación por el Estado paraguayo de la Convención de Mérida de lucha contra la corrupción de las Naciones Unidas y, concretamente, hoy se evaluó la implementación de los artículos 53 y 54 de la Convención, que trata de las medidas que son adoptadas por las distintas agencias del Estado –como la Secretaría Anticorrupción, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Seprelad– en lo que se refiere a posibilitar que los Estados extranjeros puedan recuperar los bienes obtenidos como consecuencias de hechos de corrupción”.

Igualmente comentó que “básicamente se analizaron estas figuras que contemplan nuestra legislación interna como también en los juzgados y a través del Ministerio Público se posibilita que los Estados extranjeros puedan gestionar esos bienes. Al hablar de hechos de corrupción nos referimos al tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos, siendo algunos de los tipos penales”.

Consultada sobre lo que representa esta evaluación para la Corte Suprema indicó que posibilita conocer la situación en la que se está, se advierten también las cuestiones que se deberían ir gestionando para poder implementar las figuras y también corroborar si se da cumplimiento, porque existen procesos en el fuero penal, en los juzgados de garantías de delitos económicos y corrupción, en donde se ejecutan los pedidos provenientes de los Estados extranjeros para la inmovilización de bienes.

La comitiva la conformaron funcionarios de los juzgados especializados, además de la oficina de la Dirección de Asuntos Internacionales, de Superintendencia y de la Dirección de Recuperación de Activos.

Asimismo, participó de las primeras evaluaciones la Abg. Gabriela Gill, Directora de la Oficina de Ética Judicial; además de técnicos de las Direcciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Oficina Técnica para Inscripción de Bienes Comisados, de la Oficina de Quejas y Denuncias, y de la Dirección de Auditoría de Gestión Jurisdiccional.

A su vez, la abogada Lilian Luraschi comentó que en total fueron tres jornadas en las que participa la CSJ, las primeras fueron de acciones y normativas de prevención y reacción de anticorrupción; ética, en las que la Corte resaltó el Código de Ética para magistrados y funcionarios.

Así también, de sanciones a ser aplicados a magistrados y funcionarios que incurran en hechos de corrupción, y en la última jornada de este jueves fue abordada la implementación de los artículos 53 y 54 de la Convención, que trata de las medidas que son adoptadas por las distintas agencias del Estado.