Para el efecto, el Juzgado trabajó en coordinación con la Dirección de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia, cumpliendo con el Protocolo de Actuación para una Justicia Intercultural “Los Pueblos Indígenas”, el cual permitió un abordaje respetuoso de tradiciones y costumbres de la cultura indígena, además de preservar las relaciones armoniosas y de cooperación entre el Estado y los Pueblos Indígenas.

El Juzgado ordenó la inscripción ante la Dirección del Registro del Estado Civil de las Personas, entregando en la fecha al líder de la comunidad en la que reside el pequeño el acta de nacimiento y el certificado respectivo para la obtención de la cédula de identidad y el carné que lo acreditará como indígena, cumpliendo de esta manera con el derecho del niño a contar con su nombre inscripto en los registros pertinentes.

G.P.B., quien cuenta con 10 meses de edad, pertenece a la comunidad indígena María Elena Pitiantuta, distante unos 150 kilómetros del asiento del Juzgado, lugar al que se accede únicamente por vía acuática y terrestre atravesando propiedades privadas.