El Consejo Consultivo de Ética Judicial dio a conocer los resultados de los análisis realizados en ocho casos denunciados ante dicho órgano y que afectan  a jueces tanto de la capital como de circunscripciones del interior. En la mayoría de los casos, se determinó que hubo falta ética, mientras que en uno solo se concluyó lo contrario, en lo que afecta al juez Delio Vera Navarro, miembro del Tribunal de Apelación de la Capital. Los dictámenes fueron resueltos en la sesión ordinaria realizada los días 6 y 14 de abril pasados.

Además de Vera Navarro, las conclusiones afectan a los magistrados Víctor Poletti, juez Penal de Garantías, de Misiones, Mario Maidana Griffith, miembro del Tribunal de Apelación de Misiones, María Rosa Zena, jueza Penal de Santa Rosa del Aguaray, Sixto Melgarejo, miembro del Tribunal de Cuentas (interino), Jovita Rojas de Botoletto, jueza de Capiatá, Carlos Leite Alvarenga, Juez de Paz de Bernardino Caballero, y Nancy Figueredo, jueza de la Niñez de Paraguarí. 

En el caso del juez Víctor Poletti, el Consejo Consultivo dictaminó que hubo falta ética, ya que no respetó la competencia funcional del juez de Ejecución Penal de la zona de Misiones violando el artículo 27, numeral 3 que determina que es deber del magistrada de cualquier fuero o grado, dispensar a los demás magistrados el tratamiento respetuoso y considerado, que debe exigir para sí mismo como miembro del cuerpo judicial y que por lo tanto deberá respetar las competencia funcionales de los demás magistrados.

En lo que respecta, al magistrado Mario Ignacio Maidana Griffith se menciona en el dictamen que hubo la comisión de la falta ética, ya que se comprobó la presencia del magistrado en una jineteada acompañado de Miguel Vera Gaete, hermano de un procesado, hecho incluso que fue reconocido por el juez en una publicación periodística, aunque trató de negarlo ante la Oficina de Ética Judicial.

En cuanto a la jueza penal de Santa Rosa del Aguaray, María Rosa Zena, también se dictaminó la comisión de la falta al violar los artículos 12 del Código de Ética Judicial, en donde se menciona que el magistrado deberá ser prudente y se esforzará  para que este valor gobierne su contacto personal y funcional con las partes, abogados y público en general, y el artículo 37, numeral 2 del Código de Ética Judicial, en el que se sostiene que se debe velar para que su conducta y sus expresiones se caractericen por la objetividad, mesura, respeto, equilibrio, prudencia y sensatez, evitando manifestación que pudieran comprometer su decoro.

Sixto Melgarejo, Miembro del Tribunal de Cuentas, quien interina el cargo, también cometió la falta al no respetar la prudencia, sobre todo al realizar contacto con los medios de comunicación social.

En el caso de Jovita Rojas de Bortoletto, jueza de Capiatá, también se dictaminó que hubo falta ética al dejar manejar su vehículo a una funcionaria judicial, Liliana Elizabeth Bogado Ayala, sin poseer registro de conducir al día, y que motivó incluso un altercado con un agente de la Policía Caminera, quien por orden de la jueza fue detenido tras realizar el procedimiento.

Carlos Leite Alvarenga, juez de Paz de Bernardino Caballero, también fue incluido en la lista por violar artículos del Código de Etica Judicial relacionados a la honestidad, imparcialidad, dignidad judicial, fortaleza, y buena fe del magistrado, mientras que Nancy Figueredo, jueza de la Niñez de Paraguarí, por violar lo relacionado a los artículos que hablan del respeto al maltratar a una funcionaria.

El único exonerado fue el magistrado Delio Vera Navarro, miembro del Tribunal de Apelación Penal de la Capital, ya que en la denuncia presentada en su contra no existe norma del Código de Ética Judicial violada, ni tampoco existió en el momento del hecho denunciado, evidencia o prueba alguna relacionada con abuso de autoridad, ejercicio de influencias, consumo de bebidas alcohólicas ni omisión de responsabilidad.

El abogado Esteban Kriskovich, coordinador de la Oficina de Ética Judicial aclaró que los dictámenes del Consejo Consultivo no constituyen la resolución final del Tribunal de Ética y que en los casos que ameritan amonestación se comunica  a la Corte Suprema de Justicia y al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, no así en los que se refieren al llamado de atención y recomendación, que son meramente morales y no administrativas.