Los coordinadores de la Dirección de Derechos Humanos, Julia Fernández y Ramón Servín, realizaron un repaso de los lineamientos institucionales relacionados a ambos sectores, además de identificar los pasos necesarios para lograr el diagnóstico. Luego se abordó la parte práctica del encuentro, a través de una metodología de taller con base en una matriz sobre los compromisos del sistema de justicia y las estrategias adecuadas para lograrlos.

De la actividad participaron los integrantes de las Unidades de Derechos Humanos (UDH) de Alto Paraná, Amambay, Caaguazú, Caazapá, Guairá y Ñeembucú. Asimismo, funcionarios de áreas administrativa y jurisdiccional de distintas circunscripciones a nivel país, llegando a completar 28 participantes.

Se analizaron las buenas prácticas que se vienen realizando a través de las unidades de derechos humanos, convirtiéndose el espacio además en un nexo para la coordinación entre cada una de ellas y la posible réplica de estos mecanismos.

El diagnóstico prevé un trabajo de investigación y coordinación entre la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones del sistema judicial, órganos rectores, representantes de la sociedad civil y la academia. El documento final permitirá identificar las necesidades más urgentes en materia de acceso a la justicia, lo cual redundará en información para la toma de decisiones estratégicas, asignación de recursos y priorización de las acciones establecidas en un plan de trabajo.

El Poder Judicial cuenta con la Acordada 1024/15, que establece las directrices de la Política Judicial de acceso a la justicia y personas mayores del Poder Judicial del Paraguay, cuyos principios son Igualdad, No discriminación, Accesibilidad, Atención diferenciada y preferencial y Autonomía personal, entre otros.