En ese sentido, el director de Marcas y Señales de Ganado de la Corte Suprema de Justicia, Arnaldo González, indicó que la reunión principalmente trato sobre la fecha límite para la reinscripción de los registros de las marcas del hato ganadero del país.

“El objetivo nuestro es analizar la situación en donde estamos parados, qué hicimos. Igualmente, la forma en la que se va a socializar e impulsar, para que venga el ganadero a inscribirse ya que el 2 de agosto de este año vence ese plazo, recordar que nosotros estamos abiertos aquí y en el interior para esos trámites. La fecha referida que vence el plazo para la reinscripción, es la apertura que le da la Corte al usuario ganadero para que venga, cumpla, se reinscriba y ponga en orden sus papeles”. Recordó que los registros de las marcas tienen una validez de 10 años, debiendo renovarse al cumplirse ese tiempo.

Agregó que la Corte estableció darle vigencia plena a la reinscripción desde el 2016, por Acordada, que estima un registró aproximado de 90.000 nuevos títulos entregados a los ganaderos, cerca al 70% del objetivo propuesto. "Nos estamos manejando en base a estadísticas distintas, ARP tiene más o menos 170.000 establecimientos o marcas registradas, Senacsa, aproximadamente 125.000, entonces nosotros con 90.000 nos estamos acercando”, señaló González.

Concluyó señalando que “nosotros nos manejamos de acuerdo al plan quinquenal de la CSJ, somos parte del Poder Judicial entonces tenemos que hacer lo que la Corte ordena o los caminos que nos dan, entre ellos, lo que la Corte pone como eje de actividades jurisdiccionales y administrativas es siempre tener en cuenta en nuestras actividades es la transparencia, dar seguridad jurídica a nuestros usuarios, que ellos (los ganaderos) se sientan dueños, titulares de su ganado ante personas físicas o jurídicas, y el acercamiento a la ciudadanía, con nuestras actividades de marcas y señales de ganado”. 

Cabe recordar que la Dirección de Marcas y Señales de Ganado cuenta con oficinas en todos los departamentos del país, ubicadas en las sedes judiciales, ofreciendo de esa manera un servicio eficaz y descentralizado.