El juzgado se basó en los artículos 4, 6, 7, 38 y 68 de la ley fundamental, considerando como un derecho a la vida, calidad de vida, derecho a la salud y considerando un derecho colectivo. Además que el interés general no puede privar sobre lo particular (art. 128 CN) que el daño, la lesión o el perjuicio ocasionado por la falta de agua debe ser preocupación de las entidades obligadas a prestar el servicio, señalando que son derechos sociales que deben ser protegidos y si bien el amparo no puede ser la vía, pero atendiendo a que depende de la acción judicial para que pueda ser restablecida, del cual depende la vida de los habitantes de la comunidad como un derecho social.

En la resolución se emplazó a la firma Essap para que en el plazo de 90 días arbitre los medios para la instalación en legal y debida forma las cañerías, adquiridas por los vecinos, y extienda la red dando respuesta a este derecho humano esencial.

El amparo tuvo su origen tras la decisión de la empresa ESSAP S.A. de cortar una canilla instalada por los vecinos que proveía el líquido vital a 35 familias. Esta situación afectaba a unas 150 personas que se encuentran en Barrio Florida, del distrito de Antequera, cumpliendo la Corte Suprema efectivamente con su rol de garante de los derechos económicos, sociales y culturales de los justiciables.