En la ocasión disertó sobre los desafíos que abordó el equipo de trabajo del servicio de mediación durante esta pandemia y cómo la Corte Suprema de Justicia adoptó comportamientos para evitar los riesgos de contagio entre funcionarios y público en general que asistían al Poder Judicial, y lograr con ello seguir brindando el servicio de justicia en todos los fueros de la administración de justicia. Asimismo, a través de la Acordada N.º 1.373/2020 de la Corte Suprema de Justicia, reglamentó el 4 de mayo de 2020 la vuelta progresiva al trabajo presencial y la dirección de Mediación volvió a la actividad, con la novedad de trabajar en turnos mañana y tarde. 

En dicho evento también expusieron numerosos mediadores renombrados como la doctora María Silvia Maine, la doctora Silvina Francezon, el doctor Francisco Javier Sioli y el doctor Franco Conforti. El encuentro contó con más de 220 participantes. 

Con la pandemia del COVID- 19, los usuarios del servicio de mediación al no poder desplazarse de sus comunidades con los bloqueos territoriales por las medidas sanitarias, volvieron aún más evidente la necesidad de fortalecer las capacidades locales para afrontar los desafíos del aislamiento en materia de acceso a la justicia. En ese sentido, el gran desafío del Poder Judicial consistió en ajustar su gestión a las medidas de emergencia sanitaria nacional, evitando el menor impacto en las condiciones ya preexistentes de dificultad y en lograr un mayor y mejor funcionamiento jurisdiccional. 

Con el uso de Video-Conferencia para realizar audiencias de mediación se logró la celeridad en las comunicaciones, ahorro de recursos públicos y reducción de riesgos de seguridad en salud, en el marco de “Protocolos de salud y seguridad, para la reducción de barreras de acceso a justicia”, ampliando la cobertura de justicia a grupos de población vulnerable.

Así también, se compartió la implementación del servicio de mediación móvil en las Circunscripciones Judiciales de Concepción, Alto Paraná e Itapúa para lograr la presencia institucional efectiva en zonas estratégicas a nivel nacional, con énfasis en zonas rurales y de mayor conflictividad social e inseguridad. De esta manera, facilitando el acceso a justicia en forma inmediata y llegando a esos lugares especialmente vulnerables por sus condiciones de aislamiento geográfico o cultural dando resultados positivos, además de aumentar la eficiencia y la eficacia en la administración de justicia reduciendo la morosidad judicial y los costos de justicia, generando una cultura del diálogo dentro de las comunidades.