El acto de firma de convenio se realizó este martes en la Sala de Plenarias de la Corte Suprema de Justicia con la presencia del presidente de la máxima instancia judicial, doctor César Diesel, acompañado por el ministro Luis María Benítez Riera, por el Poder Judicial, y el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro Alliana, por el organismo legislativo. Participó también la responsable de la DGRP, abogada Lourdes González.

El convenio tiene por objetivo establecer un marco general de cooperación entre ambas instituciones, a través de la Dirección General de los Registros Públicos, con la finalidad de interactuar en las áreas de la información, la capacitación y la investigación, entre las que se citan: la lucha por la formalización de la tierra, el combate a la pobreza, el acceso a la propiedad privada y a una vivienda digna, con base en los principios rectores de reciprocidad, pertenencia y confidencialidad. 

Se pretende que la comunicación entre las instituciones sea facilitada con el uso de las nuevas tecnologías, permitiéndose que el intercambio de datos se realice, a opción de las partes, por vía electrónica bajo los respectivos mecanismos de seguridad que resguarden las informaciones.

Al inicio del acto el doctor Diesel señaló que “es importante reeditar este convenio, ya que regula mediante todos estos pedidos de informes, que si bien están en la Constitución, es importante saber el camino a seguir y así agilizar y facilitar la tarea”. 

A su vez, el diputado Pedro Alliana refirió que mediante dicho acuerdo se cuenta con una herramienta muy importante para dar una respuesta rápida y tener los datos precisos en los pedidos de expropiación de tierra especialmente “por lo que trabajamos con el Registro Público para que las comisiones puedan tener ese acceso lo antes posible a fin de poder dictaminar y los de escasos recursos puedan acceder a su propiedad privada, a sus viviendas”. 

Posterior al acto, la titular de Registros Públicos, Lourdes González, destacó que lo firmado ya es una renovación de un convenio ya concretado años atrás y que con esto se pretende una sola vía de ingreso y de salida para los pedidos de informes, inclusive con la tramitación de varios de ellos de forma electrónica, pudiendo así servir mejor y reordenar todo lo que tenga que ver con informaciones públicas. 

“Es una firma de renovación de convenio que ya suscribimos con ambas Cámaras del Congreso en el año 2017, que el año pasado vencieron, entonces lo que se propugnó es la renovación, porque mediante este convenio en las cláusulas que se establecen se reordena la petición de informes que todas las comisiones del Congreso piden al mismo tiempo informaciones, por sobre todo informaciones de inmuebles, y se canalizan por diferentes vías, y lo que se pretende con esta firma es que tenga una sola vía de ingreso y de salida y un tratamiento especial, incluso que varias informes y copias se tramitan de manera electrónica que para nosotros es una forma de servir mejor antes que nada y reordenar todo lo que tenga que ver con informaciones públicas”, concluyó González.

Cabe resaltar que el convenio tendrá vigencia y validez jurídica de 2 (dos) años a partir de la fecha de suscripción, pudiendo ser renovado por mutuo acuerdo y por escrito entre las partes. Además, las instituciones firmantes manifiestan su interés en ir perfeccionando el presente acuerdo, en atención a las futuras necesidades y experiencias derivadas del trabajo conjunto.