De la firma participaron el presidente de la máxima instancia judicial, doctor Alberto Martínez Simón, los ministros Luis María Benítez Riera, Eugenio Jiménez Rolón y César Manuel Diesel Junghanns, así como la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, y el jefe de Gabinete del Ministerio Público, Ariel Ojeda.

El acuerdo tiene por objeto establecer las bases que regirán las relaciones de cooperación entre las partes para fortalecer el sistema penal a partir de la definición articulada de la política criminal entre el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Se prevé ajustar un plan de trabajo mediante reuniones que permitan definir respuestas penales y procesales al conflicto penal, ajustar las herramientas reglamentarias de cada una de las partes para el logro del objetivo general señalado precedentemente, así como generar espacios de debate y capacitación entre magistrados judiciales y agentes fiscales sobre temas considerados claves en materia de política criminal, como por ejemplo: incrementar la tasa de efectividad, a través del aumento de la utilización de salidas alternativas, acuerdos reparatorios, suspensión condicional del procedimiento, procedimiento abreviado y calidad de los juicios orales.

También acuerdan mejorar los tiempos de la justicia penal, el monitoreo del funcionamiento de la justicia penal y la reorganización del sistema estadístico criminal, además de recomendaciones a corto plazo: proyecto de ley de reformas de emergencia a la justicia penal, cambios orgánicos a la justicia penal, mecanismos de control en el funcionamiento del sistema y liderazgo en la orientación del sistema.

Además de los puntos señalados se considerarán los elementos puestos a consideración por la Oficina Técnica Penal y el reporte sobre política criminal elaborada en el marco del apoyo a la CSJ en la reducción de la mora judicial y con ello la impunidad.