Durante su intervención en Washington el titular de la máxima instancia judicial, doctor José Raúl Torres Kirmser,  resaltó que una de las principales dificultades para acceder a la justicia es la pobreza, pero que ella no opera sola, pues incluye elementos característicos, como la edad, el género, pertenencia étnica, la clase social, la nacionalidad, condición de migrante, refugiada o desplazada, el analfabetismo, nivel educativo, discapacidad, creencias religiosas, entre otros, que inciden de manera gravitante en las reales posibilidades de desarrollo de las personas y en el efectivo ejercicio de sus derechos.

Informó que la población paraguaya considerada en situación de extrema pobreza representa el 26,46% del total de habitantes del país, lo que supone que 1.809.000 personas viven en núcleos cuyos ingresos per cápita son inferiores al costo de una canasta básica de consumo (...). En tal sentido, afirmó que el Estado está obligado a remover todos los obstáculos que impiden acceder al servicio judicial en condiciones de igualdad.

“El Estado, en un plano de igualdad y sin discriminación alguna, debe erradicar todas las barreras impeditivas que llevan necesariamente a considerar tanto aspectos estructurales como singulares, para que todos los habitantes puedan acogerse a todos los servicios de justicia”, dijo el titular del Poder Judicial.

Refirió que una de las líneas de acción fue la instalación del Sistema de Facilitadores Judiciales y que otros objetivos estratégicos fueron la difusión y el control de la vigencia de los derechos humanos en las políticas, sentencias, normativa y en el accionar del Poder Judicial. En dicho sistema, que funciona en 11 departamentos, trabajan también 283 personas de pueblos originarios que acompañan el proceso de accesibilidad a la justicia en sus comunidades.

Además, siguiendo con estos lineamientos, se insertó un proceso de transformación, en el marco de las llamadas “100 Reglas de Brasilia” sobre el acceso a la justicia de las personas en situaciones de vulnerabilidad, que fueron concebidas y aprobadas en la Cumbre Judicial Iberoamericana realizada en Brasil en el 2008.

Precisamente, el Plan institucional del Poder Judicial para los años 2016 al 2020 contiene líneas de acción dirigidas especialmente a los pueblos indígenas, promoviendo el cumplimiento del Derecho Consuetudinario conforme al convenio con la OIT. Por otra parte, a través de la Dirección de Derechos Humanos se ha formulado en el plan operativo el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Protocolo de Actuación para una justicia intercultural.

“En aras de garantizar un acceso a la justicia adecuado, la Corte Suprema de Justicia elaboró un proyecto de actuación para una justicia intercultural, en el que se ofrecen orientaciones y directrices de actuación a los juzgados en aquellos procesos judiciales que conciernen a personas y comunidades indígenas”, puntualizó.

En cuanto al acceso a la justicia, indicó que Paraguay posee un órgano de derecho público: la Defensa Pública, así como respuestas del Poder Judicial para fortalecer el acceso a la justicia, como auditorías jurisdiccionales y una Oficina de Quejas y Denuncias.

Finalmente, resaltó que las estrategias que se conciban para mejorar, promocionar o facilitar el acceso a la justicia de las poblaciones que sufren factores de exclusión o de vulnerabilidad solo podrán ser eficientes si se cuentan y disponen de los recursos presupuestarios e institucionales necesarios para llevar a cabo tales estrategias.

IMPORTANTE APOYO PARA LA JUSTICIA
El Grupo del Banco Mundial es una de las mayores fuentes de financiación y conocimientos para los países en desarrollo. Sus cinco instituciones comparten el compromiso de reducir la pobreza, aumentar la prosperidad compartida y promover el desarrollo sostenible. En el contexto de la amplia agenda de desarrollo del Banco Mundial, la Unidad de Vicepresidencia Legal (VPU) proporciona los servicios legales requeridos por el Banco Mundial y desempeña un papel activo en todas las actividades del Banco Mundial. Su misión es desarrollar soluciones jurídicas sólidas, flexibles e innovadoras que permitan al Banco Mundial responder con éxito a las necesidades cambiantes de sus miembros, protegiéndolo al mismo tiempo de los riesgos legales y de reputación en un entorno global exigente.

Además, la VPU sirve como un centro de conocimiento, aprovechando las asociaciones dentro y fuera del Banco Mundial, para promover el aprendizaje cruzado entre los profesionales. La Semana de la Ley, la Justicia y el Desarrollo (LJD) es una plataforma importante para que la VPU contribuya a la agenda de conocimiento del Banco Mundial.

La Semana de la LJD es el único evento de este tipo que reúne a la comunidad mundial comprometida en el uso de las herramientas legales para contribuir al desarrollo. Está organizada por las funciones jurídicas del Grupo del Banco Mundial, en colaboración con los asociados del Foro Mundial sobre Derecho, Justicia y Desarrollo y otros agentes internacionales de finanzas, conocimiento e innovación. Cada año la Semana de la Ley, la Justicia y el Desarrollo se centra en un tema general único.

El evento atrae a más de 1.000 participantes y convoca a una amplia comunidad de profesionales del desarrollo, incluidos los que asisten a la Mesa Redonda de Asesores Jurídicos Generales, que reúne a los asesores jurídicos y a los jefes de los departamentos jurídicos de más de 40 instituciones financieras internacionales.