El titular de la Asociación de Jueces del Paraguay, doctor Delio Vera Navarro, al salir de la reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Luis María Benitez Riera, informó que se constituyó hasta la sede judicial con una comitiva para proceder a la presentación de las conclusiones y pronunciamientos de la Primera Convención Nacional de Jueces del Paraguay.

“Entregamos conclusiones y también las peticiones propuestas por los representantes de las 18 circunscripciones judiciales en que se plasmaron los problemas internos. Tenemos la palabra de que la Corte trabajará sobre los puntos presentados, principalmente de exhortar a los jueces a seguir cumpliendo sus funciones con base en lo que dictan las leyes, principalmente demostrar la intención que tenemos los jueces de un cambio de paradigma, de no solo solucionar los conflictos sino también ver el impacto que genera esa resolución en la sociedad; buscamos comprensión, en la convención ya hicimos las autocríticas pertinentes y asumimos el compromiso de un cambio de mentalidad, un mayor diálogo con la gente”, señaló Vera Navarro.

“Asimismo, fomentamos un Poder Jurisdiccional para hacer realidad una democracia sólida, creíble y respetada, que represente los intereses de la sociedad en general, sin discriminaciones y en un mismo pie de igualdad y esfuerzos junto con los demás poderes del Estado; reconocer los desafíos que plantea el siglo XXI a la administración de justicia, así como el imperativo de impulsar un cambio de paradigma en el desempeño de la función jurisdiccional que ejerce, a fin de adecuarse a las necesidades emergentes”, siguió diciendo.

Entre otros puntos presentados figuran:

-Exhortar a todos los jueces y juezas de la República a mantener vigentes los principios consagrados en la Constitución, los Tratados Internacionales y las leyes nacionales, teniendo presentes los derechos de los justiciables y el bien común;

-Asumir la realidad de la mora judicial, así como las consecuencias y efectos perniciosos que ella tiene sobre los derechos de los justiciables, advirtiendo que ella reconoce un origen sistémico, que no es monocausal y que para su erradicación se ven involucrados numerosos factores y comprometidas varias responsabilidades.

-Recuperar la confianza y el apoyo ciudadano en la lucha por la independencia judicial, la cual descansa en la despolitización de los órganos de nombramiento y remoción de los jueces y juezas, y la vigencia efectiva de la autarquía presupuestaria del Poder Judicial.

-Exigir la estabilidad en la función judicial, y en particular a los procesos de elección y confirmación de los magistrados y magistradas judiciales, impulsando y respetando una Carrera Judicial que considere la idoneidad, la capacidad técnica y moral, la antigüedad y la trayectoria personal en la función, la capacitación permanente, y el salario justo y digno, como sus pilares esenciales e irrenunciables.

-Impulsar la reforma de las previsiones legales relativas al enjuiciamiento de magistrados y magistradas, que son violatorias de la Constitución de la República, que atenta contra el principio de legalidad y tipicidad de los hechos reprensibles, la irresponsabilidad de las denuncias, la abrogación e invasión de las facultades privativas otorgadas a otros órganos, en especial en lo que hace a la medida cautelar de suspensión en las funciones.

-Reivindicar el cumplimiento del mandato de debida fundamentación y de transparencia en los actos de los órganos que tienen a su cargo al sistema judicial: Corte Suprema de Justicia, Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, con la pertinente argumentación jurídica que valide y sustente sus decisiones.