La jornada a realizarse lleva el nombre de “Acceso a la información pública: Más ciudadanía, más democracia, más desarrollo” y busca conmemorar los 250 años de la primera ley de acceso a la información en el mundo (Suecia y Finlandia, 1766); los 10 años del Fallo “Claude Reyes vs. Chile” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; los 3 años del Fallo “Daniel Vargas Telles vs. Municipalidad de San Lorenzo” de la Corte Suprema de Justicia (Paraguay), y el primer año de vigencia de la Ley 5.282/14, de “Acceso ciudadano a la información pública y transparencia gubernamental”.

La Oficina Regional de Ciencias de la Unesco para América Latina y el Caribe, la Corte Suprema de Justicia de Paraguay, el Ministerio Público de Paraguay, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Ministerio de Justicia de Paraguay, la Usaid, el Centro de Estudios Ambientales y Sociales, Ceamso, e Instituto Interamericano de Derechos Humanos organizan esta jornada para celebrar el  Día Internacional por el Derecho de Acceso Universal a la Información Pública .

Se trata de una invitación a coordinar esfuerzos entre actores clave de la región, reflexionar y transmitir un mensaje claro sobre la necesidad de avanzar en el fortalecimiento de este derecho desde distintos lugares y consolidar la sensibilización pública sobre su relevancia y la importancia que tienen los medios de comunicación para su realización.

Este día, adoptado a partir del Día Internacional del Saber, en el que la sociedad civil conmemora este derecho consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 y el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es también una nueva oportunidad para instar a los gobiernos a aprobar leyes y prácticas para el avance del acceso a la información como derecho fundamental vinculado a la libertad de expresión y a la transparencia.

Hasta hace algunos años, cuando la cultura del secretismo imperaba en varios países de la región, el principal problema era la ausencia de legislación y mecanismos para garantizar el acceso a la información como un derecho y hacer efectivas las herramientas para los ciudadanos que requieren información pública en poder del Estado. En 1990 solo 13 países en todo el mundo habían adoptado leyes nacionales sobre libertad de información, mientras que en la actualidad hay más de 100 leyes aprobadas en la materia en países de todo el mundo y hay otras 20 o 30 en estudio.

Confirmaron su participación:

Edison Lanza, relator especial de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Gerardo Noto, coordinador regional del Equipo de Gobernabilidad, Participación e Inclusión, PNUD.

Carlos De Miguel, jefe de la Unidad de Políticas para el Desarrollo Sostenible, CEPAL, Santiago.

Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos de la Nación, Argentina.

Didier Pfirter, embajador de Suiza.

Javier Díaz Verón (fiscal general del Estado, Paraguay).

Juan Pablo Olmedo (Abogado Caso Claude Reyes vs. Chile).

José María Costa (Corte Suprema de Justicia, Paraguay).

Agustina del Campo, directora, CELE, Argentina.

Guilherme Canela, consejero de Comunicación e Información de la Unesco.

Agustina del Campo, directora, CELE, Argentina.

Guilherme Canela, consejero de Comunicación e Información de la Unesco.

Paula Martins (Article XIX, Regional).

Benjamín Fernández Bogado (Grupo Impulsor del Acceso a la Información Pública, Paraguay).

Fabiano Angélico, Transparencia Internacional.

Juan Carlos Lezcano (presidente del Foro de Periodistas de Paraguay, periodista investigador).

Dante Negro (director del Departamento de Derecho Internacional –Organización de los Estados Americanos, OEA).

El evento está asociado al I Curso Internacional de Derechos Humanos (Corte Suprema de Justicia/Ministerio Público/IIDH).