De la elaboración de la política participaron varios actores de la administración de justicia, como jueces, juezas, administradores, personal de apoyo, quienes durante el año 2015 trabajaron en el establecimiento de los lineamientos del documento. Para la construcción se contó con el apoyo del experto internacional Rodrigo Jiménez Sandoval, de Costa Rica, a través de la Fundación Justicia y Género.

Durante la videoconferencia llevada a cabo esta mañana se contó con la colaboración del experto de Costa Rica, quien aseguró que implementando lo trabajado Paraguay sería uno de los primeros países que contarían con una política de acceso a la justicia de personas con discapacidad y adultos mayores.

Así también, Sandoval explicó que “una política es una decisión estratégica que asume una institución del Gobierno para direccionar sus acciones dentro de su propia institución, las convenciones establecen la obligación de que los Estados deben desarrollar y cumplir políticas públicas que logren implementar todos los derechos humanos de las personas”.

Finalmente, mencionó que “es un paso fundamental para el Poder Judicial de Paraguay poder lograr implementar esta política. Es un proceso constructivo donde participan diferentes instancias que componen este poder del Estado, que es el que administra la justicia en Paraguay, y la sociedad civil”.

El documento busca facilitar el acceso a la justicia a las poblaciones de riesgo social y tiene por objeto cumplir con las obligaciones establecidas por los instrumentos internacionales de proteger los derechos humanos mediante la normativa jurídica interna y de esa manera operacionalizar su implementación en el Poder Judicial del Paraguay.