La recusación fue planteada por el abogado Marco Shirakawa, defensor técnico de Dolores López, quien en su argumento señaló que existe un odio manifiesto y resentimiento de parte del Tribunal de Sentencia en contra de su cliente, al haberle negado en la audiencia anterior un tiempo prudencial para acudir al sanitario.

Indicó que de esta manera los miembros del tribunal tuvieron una actitud inhumana en contra de la procesada violando sus derechos humanos fundamentales.

Agrega, además, en su escrito que el tribunal ya no puede juzgar en esta causa teniendo en cuenta que ya actuó en otro caso en el que uno de los procesados, Rubén Villalba, fue condenado a siete años de pena privativa de libertad.

Citó, igualmente, como causal de recusación que los mismos integrantes del tribunal hayan negado un hábeas corpus reparador solicitado por el imputado Luis Olmedo y que la suplente, abogada Arminda Alfonso, ya haya intervenido de oficio como jueza de Paz de Curuguaty en un caso generado en Campos Morombí.

“Por todas estas causales recuso a este Tribunal de Sentencia, ya que tiene pleno conocimiento del caso y, por lo tanto, no puede seguir entendiendo en la causa”, señaló el abogado defensor.

Por otro lado, Albino Ramírez Torres, otro de los abogados de los procesados, solicitó que el expediente del fiscal Jalil Rachid Lichi sea remitido a la Inspectoría General del Ministerio Público, según dijo, por haberlo acusado injustificadamente de faltar en una de las audiencias.

Argumentó que la única intención del representante del Ministerio Público es lograr la sanción de los abogados defensores para perjudicar a los acusados. “Soy defensor coadyuvante del abogado Víctor Azuaga y, por lo tanto, mi presencia ni siquiera requería justificación, pero por respeto a los acusados y al tribunal he informado el motivo de mi ausencia, mas en ningún momento solicité la suspensión del juicio; por lo tanto, niego la acusación hecha en mi contra por el fiscal y pido que los antecedentes de su actuación sean remitidos a la Inspectoría General del Ministerio Público”, argumentó el abogado.

Asimismo, el abogado Amelio Sisco Godoy asumió la defensa de la procesada María Fany Olmedo Paredes en reemplazo de los abogados Bernardo Insaurralde y Oliver Narváez.